El Tribunal Supremo anuló la semana pasada el real decreto por el que se traspasan a Euskadi funciones y servicios de homologación de estos títulos, lo que impide agilizar la contratación de profesionales foráneos, especialmente en el ámbito sanitario, que es donde más urge.
El Gobierno Vasco ha decidido recurrir esta decisión ante el Constitucional y además está estudiando junto con el Gobierno español la opción de que Euskadi asuma una encomienda de gestión "transitoria" para dar salida a las 200 peticiones de homologaciones recibidas hasta el momento.
El anuncio del recurso lo ha hecho este viernes la portavoz y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, quien ha justificado la decisión con el objeto de "defender el autogobierno" de Euskadi. Como paso previo a la petición de amparo ante el Constitucional, el Gobierno de Vitoria interpondrá un incidente de nulidad de actuaciones ante el propio Tribunal Supremo, ya que se trata de un trámite previo necesario.
Ubarretxena ha adelantado que el Gobierno Vasco argumentará que se ha producido una vulneración de la tutela judicial efectiva y alegará "indefensión" al considerar que el Tribunal Supremo "se ha excedido en sus funciones al delimitar el reparto competencial Estado-Euskadi cuando es una función específica del TC al tener especial trascendencia constitucional".
Ha informado de que además de esta vía, y en coordinación con el Gobierno de España, se está analizando la posibilidad de que Euskadi asuma una encomienda de gestión "transitoria" para dar salida a las 200 peticiones de homologaciones presentadas y que han quedado paralizadas por la sentencia.
También se baraja la opción de solicitar la modificación del artículo décimo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para incorporar que la ejecución de los procesos de homologación y declaración de equivalencia correspondan a las comunidades autónomas.
Más a largo plazo, también en coordinación con el Gobierno central, se va a promover un "nuevo camino" ante la jurisdicción constitucional, para activar la tramitación de una ley orgánica que regule "de forma clara e inequívoca que los acuerdos adoptados en la Comisión Mixta de Trasferencias, las transferencias de las diferentes competencias, tengan acceso a dicha jurisdicción" ha concluido.
