La resolución judicial determina que el Gobierno vasco debe devolver un piso de alquiler social a un matrimonio y a sus cuatro hijos que llevaban okupando la vivienda de Muskiz durante un año, según adelanta El Correo.
El Gobierno instaló una puerta anti-intrusión
La familia denunció al departamento de vivienda por coacciones al instalar una puerta anti-intrusión en el piso en el que vivían.
Ahora, el Ejecutivo vasco debe permitir a esta familia seguir viviendo en la casa hasta que no se resuelva la demanda que el Gobierno presentó en enero para recuperar el piso de alquiler social.
