El texto defiende una escuela inclusiva, equitativa y de calidad, en la que se subraya que la convivencia es básica para cualquier proyecto sostenible de futuro. Por eso, recoge aspectos a mejorar, como el tratamiento al alumnado inmigrante, minorías étnicas o la exclusión de género o sexo. Se aboga por la revisión de los mapas escolares, aun subrayando la libertad de elección de centro por parte de las familias.
Esfuerzo contra la segregación
Los centros educativos se equiparan en derechos y obligaciones ante la Administración, recoge el texto. Así, el Servicio Vasco de Educación apoyará con recursos públicos a los centros, "con independencia de su naturaleza jurídica, en la medida en que intervengan de manera activa en el esfuerzo por superar la segregación y la exclusión social"
Gratuidad real
El texto preliminar detalla que "se garantizará la gratuidad real eliminando las cuotas de escolarización", en clara referencia a los pagos que han de realizar las familias en centros concertados. Además se subraya que las necesidades básicas de los alumnos se financiarán al 100%.
Reacciones de los grupos
Los grupos parlamentarios han coincidido en señalar la importancia de estos trabajos. El PNV habla de un punto de partida y apela a renunciar a maximalismos, algo en lo que ha coincidido el PSE. EH Bildu insiste en lograr un consenso amplio. Más críticos han sido el resto de formaciones de la cámara. Elkarrekin Podemos ha lamentado que la escuela pública vasca no sea el eje vertebrador. Por su parte, la coalición PP+Cs habla de un "acuerdo bajo la mesa entre PNV y BILDU" y reitera que "la ley de educación no debe estar al servicio de ningún proyecto político concreto". VOX, entre tanto, habla de un "proyecto discriminatorio" que solo busca la euskaldunización.
El documento en el que ahora deben trabajar los grupos será la base en la que el Gobierno vasco se apoye de cara a la próxima Ley de Educación que está previsto llegue a la cámara vasca en la segunda mitad del año.
