Según informó en su momento el Departamento vasco de Seguridad, los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado 17 de agosto en un piso del barrio de Loiola, sin que las víctimas sufriesen daños, ya que la esposa logró alertar a la Ertzaintza del incidente.
Los agentes que fueron al lugar detuvieron a su compañero, quien estaba de baja médica, como supuesto autor de un delito de violencia de género y violencia doméstica.
Tras pasar a disposición judicial, el hombre quedó en libertad con medidas cautelares. Posteriormente, el Departamento de Seguridad apartó del servicio al investigado ante unos hechos que el consejero Bingen Zupiria calificó de “gravísimos”.
Demanda de divorcio
Ya en el mes de septiembre, el Juzgado de Instrucción que se encargaba inicialmente del caso se inhibió en favor del de Violencia contra la Mujer, después de que la Fiscalía pidiera este cambio al entender que era el órgano competente para investigar el asunto, a pesar de que un año antes el ertzaina había cambiado su sexo en el Registro Civil.
Paralelamente, la esposa inició una demanda de divorcio en un contexto en el que ahora el Juzgado de Violencia contra la Mujer ha decidido cambira las medidas provisionales adoptadas respecto a las hijas del matrimonio, de 5 y 2 años, para conceder su patria potestad “de modo exclusivo” a la madre.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la jueza considera que “concurren razones y motivos suficientes” para ello, al estar vigente una orden de alejamiento del padre respecto de la madre que puede “entorpecer gravemente el ejercicio compartido” de este derecho.
Asimismo, el documento recuerda que en los dos últimos años, “debido al estado mental depresivo del padre”, ha sido la madre quien “de modo prácticamente exclusivo” ha ejercido esta potestad sobre las hijas “en todos los ámbitos” de sus vidas, por lo que “dar continuidad” ahora a esta situación “parece lo más adecuado”.
