La propuesta de la Estrategia de Justicia Restaurativa que el Departamento vasco de Justicia ha preparado para el periodo 2022-2025 ya ha sido presentada. Un documento que contiene las líneas de acción de este proceso estratégico para el Departamento y recoge 18 objetivos y 77 acciones enmarcados en tres ejes. La consejera de justicia, Beatriz Artolazabal, acompañada en su comparecencia el director de Justicia, Eugenio Artetxe, y por el asesor en materia penitenciaria, Jaime Tapia, ha incidido en que las víctimas van a estar en el centro de esta esta estrategia. Esa es la especifidad de esta estrategia en el ámbito penitenciario que, hasta ahora, primero se ha ocupado del victimario. La intención es “Activar un proceso beneficia a la víctima porque tiene la oportunidad de expresar sus necesidades y de ser parte activa en la forma en que el victimario repare su daño”. Artolazabal ha hablado también del beneficio para la persona ofensora, que “tiene la oportunidad de tomar conciencia de que su comportamiento no es aceptable y de las consecuencias del mismo” y de la necesidad de que la comunidad participe en la resolución del conflicto.
EJES DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA
La Estrategia de Justicia Restaurativa se basa en tres ejes: el acceso al proceso; la calidad del conocimiento y la confianza, y el cambio cultural. Tal y como ha explicado Eugenio Artetxe, director de Justicia, “el primer eje consolida los programas existentes y crea otros; habla de cooperación entre servicios y de estos con el resto del sistema penal”. El segundo eje trata de “desarrollar unos estándares mínimos de calidad; de instruir a los operadores del sistema penal en la Justicia Restaurativa y de establecer una evaluación externa de los programas”. Por último, el tercer eje se refiere a “impulsar el conocimiento entre la ciudadanía; a facilitar que los operadores del sistema penal empleen habilidades restaurativas internamente y a extender las técnicas al ámbito comunitario”. Estos tres ejes contemplan 18 objetivos y 77 acciones, entre los que destacan, por ejemplo, establecer un modelo que garantice la accesibilidad con independencia del tipo de delito o la gravedad del mismo; impulsar cambios normativos o incorporar el proceso “de forma transversal” en la Administración penitenciaria. Asimismo, el documento recoge impulsar la formación y la aplicación entre el personal de procesos restaurativos o establecer una red de Justicia Restaurativa para las experiencias comunitarias.
Como base se toman las experiencias ya adquiridas y que, como en caso de la Justicia Juvenil, han dado excelentes resultados. En este punto, la consejera ha hablado de 1.812 procesos restaurativos desarrollados entre 2014 y 2018, o de los 1.260 expedientes tramitados por el Servicio de Justicia Restaurativa (SRJ) en 2019. Artolazabal tampoco ha olvidado las experiencias restaurativas realizadas por la Asociación Educativa Berriztu en la antigua prisión de Nanclares entre 2012 y 2019, en las que participaron 79 personas.
En el apartado de experiencias en Euskadi, el documento también incluye el Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV), que en 2020 atención a 2.772 personas (2.639 víctimas directas y el resto indirectas), así como la Atención a las víctimas del terrorismo y a las víctimas de vulneración de derechos humanos en el contexto de la violencia por motivación política, ambas en la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad y enmarcadas en el Plan Udaberri 2024.
El documento presentado por la consejera Artolazabal es una propuesta que será contrastado a lo largo del mes de abril con los operadores del sistema penal y penitenciario. La idea es recoger sus aportaciones e incluirlas en un texto definitivo que será presentado durante la celebración de un workshop internacional sobre Justicia Restaurativa en el ámbito penitenciario los días 5 y 6 de mayo en Bilbao. En mayo se hará el texto definitivo que , después, será remitido al Parlamento Vasco.
BALANCE 6 MESES DE GESTIÓN
Hoy se cumplen seis meses desde que el Gobierno Vasco asumiera la gestión de los centros penitenciarios de Euskadi y para la consejera de justicia “La mejor noticia es que no hay noticia, no hay novedades llamativas entendidas como malas noticias”, Artolazabal se ha referido al estado de las infraestructuras y ha recordado que los centros penitenciarios Bizkaia y Gipuzkoa “se encontraban en muy mal estado de conservación”; en este sentido, ha dicho que se han realizado “obras sencillas pero imprescindibles para acabar con humedades”, entre otras acciones. Los tres centros penitenciarios trabajan ya en red, aunque, según ha reconocido, “estamos muy lejos de contar con un sistema integral que disponga, por ejemplo, de módulos de primer grado o de un número suficiente de recursos habitacionales para potenciar los regímenes de semilibertad”.
Por su parte, Jaime Tapia ha hecho un somero repaso a la gestión de los seis meses enumerando ocho líneas de trabajo. En este sentido, ha hablado de la atención a los menores dependientes de personas privadas de libertad y del trabajo con el Departamento de Salud y entidades del tercer sector en los recursos habitacionales de personas con enfermedades graves o incurables. En cuanto a la salud mental, Tapia ha explicado que se están apoyando acciones para la prevención del suicidio y se está trabajando con Salud para establecer sinergias de trabajo en tema de interés común. Asimismo, se han intensificado las relaciones con los Colegios de la Abogacía, con el presidente del TSJPV, Iñaki Subijana; así como con representantes de la Fiscalía y diversos magistrados y magistradas. También han mantenido diversas reuniones con las diputaciones forales para realizar la transmisión de recursos, programas y actuaciones que hasta la asunción de la competencia financiaban aquellos entes locales. Claro ejemplo es el convenio firmado con EUDEL que se hará público en breve, para elaborar un modelo de ejecución de penas y medidas alternativas a la prisión,
En lo referente a la situación laboral con la plantilla, el magistrado y asesor del Gobierno Vasco ha explicado que la mesa delegada de la mesa sectorial de la Administración General de la CAE ha firmado un preacuerdo con la Dirección de Administración de Justicia “que permitirá mejorar la prestación del servicio público en los tres centros penitenciarios”.
