Cuarenta y ocho horas es el plazo que tiene la Generalitat para apartar de los edificios públicos lo que en la resolución emitida el lunes considera símbolos aptos y legítimos si forman parte de los programas electorales de los partidos, pero no del espacio público. Para el Govern, tal y como afirmó ayer la consejera de Presidencia,Elsa Artadi, la decisión de la autoridad electoral es "ridícula".
Acabado el plazo, podrían darse nuevas reclamaciones en caso de incumplimiento, y éstas las registrarían por ejemplo los partidos políticos. Cabe recordar que fue una reclamación de Ciudadanos la que dio pie a la resolución de la Junta Electoral.
Podrían dirigirse a la Junta Provincial o a la Junta Electoral, y en ambos casos el paso siguiente, siempre y cuando la reclamación fuera por incumplimiento, se trasladaría la cuestión a la Fiscalía o se iniciaría el proceso de apertura de expediente, explican fuentes parlamentarias.
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