En su resolución, el Tribunal Constitucional explica que la decisión se dirige a “garantizar el derecho a informar y a recibir información”. La presencia de las emisoras de radio en los estadios “cumple una finalidad constitucionalmente legítima”. Por ello, desestima la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo contra la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010.
El pronunciamiento del Tribunal Constitucional estaba pendiente desde hace años. Se refiere concretamente al artículo 19.4 de esa ley, que establecía que “los prestadores de servicios de comunicación audiovisual radiofónica dispondrían de libre acceso a los estadios y recintos para retransmitir en directo los acontecimientos deportivos que tuvieran lugar en los mismos”.
El Constitucional asegura que la presencia de las radios y sus periodistas en los estadios de fútbol, y su libre acceso a los mismos, permite “poder dar satisfacción al derecho de informar y recibir información sobre todos los hechos noticiables que se produzcan en torno al espectáculo deportivo en el recinto”.
Tras la cuestión de inconstitucionalidad presentada estaba la pretensión de La Liga de cobrar a las radios un canon desorbitado por el simple hecho de ejercer y garantizar ese evidente derecho a la información ahora reconocido y protegido por el Constitucional.
Desde la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) se celebra la resolución del alto tribunal por todo lo que significa y, a la vez, recordamos que las radios ya pagan actualmente por entrar a cada estadio en concepto del uso de las instalaciones para ejercer su labor profesional.
El éxito de la radio deportiva
El sonido de la radio deportiva es la banda sonora de los fines de semana de los españoles. Los principales programas deportivos suman una audiencia de hasta 10 millones de personas cada fin de semana, según la última entrega del Estudio General de Medios, de diciembre de 2022. Su éxito e implantación social los convierten en toda una referencia para la radio internacional. Ahora, la resolución del Tribunal Constitucional afianza su papel y protege el valor de la radio como garantía del derecho a informar y estar informado.
