Este jueves 23 de septiembre se someterá a votación en el Congreso de los Diputados el Anteproyecto de Ley por la que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, y por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.
Una normativa que ha sido tramitada por el procedimiento de urgencia y en la cual el Grupo Parlamentario Socialista (GPS) introdujo una enmienda que fue aprobada en el Senado el miércoles pasado, 15 de septiembre. En virtud de esta enmienda, la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (SPCPI), órgano adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte, podrá determinar las tarifas de las entidades sin ajustarse a una metodología previa desarrollada en una Orden Ministerial como según establece la legislación actual sobre propiedad intelectual.
La mencionada enmienda, que en nada tiene que ver con la pandemia ni con el objeto de la norma a la que acompaña, suprime el artículo 164.4 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Esto implica eliminar la previsión de que, para la determinación de las tarifas generales de las entidades de gestión, se deba aprobar una Orden Ministerial sobre metodología, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
AERC, Asociación Española de Radiodifusión Comercial; DigitalES, Asociación Española para la Digitalización; y UTECA, Unión de Televisiones Comerciales en Abierto, se manifiestan su rechazo total a de esta enmienda y solicitan al Congreso que la retire del texto que se ratifique finalmente en sesión parlamentaria.
Para estas asociaciones, una potencial modificación en la metodología para la fijación de tarifas se debería canalizar a través de un procedimiento legislativo ordinario, que garantice un debate parlamentario pleno y ofrezca a todos los sectores concernidos la oportunidad de participar en un trámite de consulta o información pública. Un diálogo transparente y orientado hacia la consecución de unos principios básicos de equilibrio, equidad y proporcionalidad.
