Para Eduardo Olano, presidente de UTECA, “lo que no es legal y perjudica a los menores fuera de internet, debe ser también ilegal dentro del ecosistema digital. Está en juego un adecuado desarrollo afectivo sexual de las generaciones más jóvenes, además de su salud mental”
Como firmantes del Pacto de Estado para la protección de los menores de edad en internet y redes sociales, impulsado por la Asociación Europea para la Transición Digital (AETD), promotora de la iniciativa, Save the Children, Fundación ANAR, ICMedia, Dale la Vuelta y Unicef, con el apoyo de instituciones como la CNMC y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), desde la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) consideramos imprescindible que las plataformas de intercambio de vídeo, los “influencers” y las redes sociales que difunden sus contenidos en España sean obligadas por el legislador y los organismos supervisores al cumplimiento estricto de la ley en materia de proteccción al menor. En paralelo, es necesario mejorar y refozar la legislación que les aplica. Solo así la protección del menor será efectiva y real.
En UTECA compartimos la preocupación y alarma social por la desprotección de los menores en las redes sociales y las plataformas de intercambio de video, en aspectos tales como el acceso a edades cada vez más tempranas a contenidos pornográficos. Ante esta inquietante realidad, urge frenar la pasividad de las grandes plataformas y redes sociales, que contemplan impasibles los daños que su forma de actuar y generar negocio ocasionan tanto en el desarrollo afectivo sexual de los menores como en su forma de relacionarse, autoestima y rendimiento académico.
Sobre los “influencers”, UTECA ha propuesto, en el trámite de consulta pública sobre el Proyecto de Real Decreto (PRD), que todos aquellos con al menos 100.000 seguidores en el conjunto de las plataformas y con un mínimo de 100.000 euros de facturación anual, tanto en metálico como en especie, tengan la consideración de Usuarios de Especial Relevancia y, por tanto, estén obligados al cumplimiento de la ley en materia de protección al menor, entre otras cuestiones. De no rebajarse el umbral a esas cifras, una amplia mayoría quedará fuera de la ley, a pesar de su gran ascendencia sobre los usuarios más jóvenes.
En palabras de Eduardo Olano, presidente de UTECA, “lo que no es legal y perjudica a los menores fuera de internet, debe ser también ilegal dentro del ecosistema digital. Está en juego un adecuado desarrollo afectivo sexual de las generaciones más jóvenes, además de su salud mental”.
La protección de los menores exige acabar con el salvaje oeste en el que se han convertido las plataformas de intercambio de video y las redes sociales, además de con la ausencia de obligaciones por parte de los “influencers”. En este sentido, valoramos positivamente que el ministerio haya designado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) como coordinadores para la aplicación del Reglamento europeo de Servicios Digitales.
Las organizaciones impulsoras de la propuesta de un pacto de estado para la protección de los menores en internet, a la que está adherida UTECA, han puesto en marcha la iniciativa por la preocupación compartida sobre los riesgos que afrontan niños, niñas y adolescentes en estos entornos, al utilizar servicios diseñados para adultos, que pueden afectar a su socialización y potenciar posibles problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, además de facilitar situaciones de violencia como el acoso escolar y sexual. Además, los dispositivos móviles se han convertido en una puerta a contenidos pornográficos, lo que genera una banalización de las relaciones sexuales, sexualización precoz y exposición a contenidos inapropiados. Por último, los firmantes también advierten sobre la captación masiva de datos de los menores, con vistas a su perfilado para la venta a terceros con fines publicitarios.
Las medidas propuestas inciden en la necesidad de asumir el problema, formar a profesionales para afrontarlo, y desarrollar la legislación vigente para que todos los actores implicados asuman su responsabilidad ante una población vulnerable como son los niños, niñas y adolescentes.
