Las aseguradora SegurCaixa Adeslas y DKV están estudiando fórmulas jurídicas para recibir una compensación por las pérdidas derivadas del último convenio de Muface, según ha comunicado El País. Ambas han informado de que no van a acudir a la segunda licitación por pérdidas económicas "imposibles". Según ha informado Adeslas, tras el anterior concierto que caducó el pasado diciembre, perdió 256 millones de euros, mientras que las pérdidas de DKV ascienden a 70 millones de euros.
El 27 de enero termina el plazo para Asisa, la única aseguradora que no se ha pronunciado porque continúa estudiando las condiciones, comunique su decisión. Más de un millón y medio de funcionarios siguen en vilo por no saber si podrán seguir disfrutando de esta cobertura sanitaria o tendrán que cambiarse a la sanidad pública.
Los funcionarios pueden solicitar a lo largo del mes de enero cambiarse a la pública y, si se aprueba la continuidad de Muface, regresar a la privada con las condiciones que finalmente se adopten. Muface ha publicado una orden que indica que las aseguradoras seguirán prestando su cobertura hasta 1 de abril.
Adeslas y DKV ya tenían pérdidas antes de firmar el anterior convenio
En medio de todo este caos, SegurCaixa Adeslas y DKV se están planteando denunciar a Muface. Como las propias aseguradoras han informado en sus comunicados, el modelo de Muface "es insostenible". De hecho, ya han sido varias las aseguradoras que, por culpa de esta infrafinanciación, han tomado la decisión de abandonarlo (Mapfre, Sanitas...).
El sistema de financiación de Muface es un modelo público-privado, ya que por un lado son los funcionarios quienes pagan al mes una cuota de entre 25 y 55 euros por estar adscritos y, por otro, el Estado aporta para mantenerlo en funcionamiento. La última propuesta del Gobierno es elevar al 33,5% lo que cobran las aseguradoras, que supondrían 4.500 millones de euros en tres años.
Si bien, Adeslas y DKV ya arrastraban pérdidas cuando firmaron el convenio 2021-2024. Debido a la inflación descontrolada de 2022, aunque se habían mejorado las condiciones con respecto al contrato previo, volvieron a desajustarse las cuentas. Por eso, de cara a esta nueva licitación, ambas entidades pedían un aumento del 40%.
SegurCaixa Adeslas es propietaria del 50,1% del grupo Mutua Madrileña y del 49,9% de CaixaBank. Fuentes cercanas a esta segunda entidad bancaria han comentado que "se está buscando cómo reclamar al ministerio las pérdidas de los últimos tres años". Por su parte, en DKV también están trabajando con abogados para lo mismo.
Qué pasará si no se logra un acuerdo el 27 de enero
Hasta el 1 de abril, ambas entidades están obligadas a prestar sus servicios a los funcionarios, pero a partir de esa fecha se desvincularán oficialmente. De momento, hasta el 27 de enero está abierto el plazo para que Asisa confirme su decisión o para que otras aseguradoras se presenten.
En el caso de que tras esta fecha no se alcance un acuerdo, lo más probable es que el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública lance una tercera licitación. Esta deberá aumentar las primas, ya que tanto Adeslas como DKV solo se plantean su continuidad si se mejoran las condiciones.
El paso de los funcionarios, como ha propuesto el Gobierno, a la sanidad pública es una opción que no convence ni a los sindicatos ni a las propias aseguradoras. Todas coinciden en que incorporar al Sistema Público de Salud a un millón y medio de personas supondría el aumento de las listas de espera y "el colapso de un sistema ya colapsado de por sí", como aseguraron desde el sindicato CSIF.
