La sentencia afecta al programa conocido como "Outright Monetary Transactions" (Operaciones Monetarias de Compraventa), que fue anunciado en 2012 y contempla la compra de bonos de estados en crisis de manera ilimitada para mantener su solvencia.
Aunque el programa nunca llegó a aplicarse, su sólo anuncio sirvió para tranquilizar a los mercados.
