La Comisión Europea (CE) aparcó hoy hasta julio su decisión sobre si penaliza a España por incumplir sus metas de disciplina fiscal, con lo que despeja la amenaza de que el país reciba una multa millonaria durante la carrera electoral hacia el 26 de junio y traslada la cuestión al próximo Gobierno.
La decisión llega después de que la semana pasada el colegio de comisarios europeos se inclinara mayoritariamente por imponer una sanción a España, según indicaron entonces a Efe fuentes comunitarias, a la vista de las cifras de déficit del país.
España cerró 2015 con un desvío del 5,1 % del PIB (incluidos los 0,1 puntos que suman la ayuda financiera a la banca) frente al 4,2 % exigido por sus socios europeos, con lo que también se ha quedado lejos de alcanzar el 2,8 % comprometido para 2016.
A la vista de las cifras, la CE reconoce que no es "realista" esperar que el país cumpla las metas pactadas, por lo que le ha dado un año más para reducir su desvío por debajo del 3 %, hasta 2017.
Esto sí, este año tendrá que reducirlo hasta el 3,7 % del PIB y el siguiente al 2,5 %, lo que supondrá ajustes por valor de más de 8.100 millones de euros, ya sea a través de medidas que incrementen los ingresos o que reduzcan los gastos, es decir, recortes.
Para ello, la Comisión exige a España unos "esfuerzos estructurales" equivalentes al 0,25 % del PIB en lo que queda de este año y de un 0,5 % en el próximo, aunque el modo de alcanzarlo queda en manos del Gobierno que sea elegido en las urnas.
"Corresponde a España tomar sus propias decisiones fiscales, mientras se mantenga en sus objetivos", afirmó el vicepresidente de la CE para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, preguntado por la bajada de impuestos anunciada por el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, si vence en los comicios.
La concesión de la prórroga (con la que España suma ya cuatro años de margen adicional) no significa que el país esté a salvo de una sanción por no haber hecho una vez más los deberes a tiempo, ya que la decisión solo ha sido pospuesta a principios de julio.
"Hemos concluido que no es el momento correcto ni económico ni político para tomar esta medida", justificó el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, quien alegó, entre otras cuestiones, que el actual Gobierno está en funciones y no puede tomar las medidas necesarias.
En una lectura ortodoxa de las reglas, la Comisión podría haber tomado hoy ya su decisión, pero como indican fuentes europeas, ésta nunca aplica las reglas de disciplina fiscal de manera "mecánica" y siempre tiene en cuenta otros elementos.
“Lo cierto es que hemos tenido en cuenta el momento del ciclo económico en el que estamos, que es un momento en el que se trata de dar señales y a la vez (asegurar) el respeto por las reglas, así como apoyar el crecimiento con una política presupuestaria que ha pasado a ser ligeramente expansionista", dijo el comisario.
Moscovici ha mencionado también la crisis, la tasa de paro "extremadamente alta" y los esfuerzos reformistas ya acometidos por España, pero ha avisado, no obstante, de que la Comisión está dispuesta a hacer cumplir las normas de disciplina fiscal.
Éstas prevén que un país pueda ser multado con hasta un 0,2 % de su PIB si mantiene su déficit por encima del 3 % y no toma "medidas efectivas" para corregir el desvío.
En el caso español, la penalización podría ascender a más de 2.000 millones de euros y convertiría al país en el primer socio comunitario -quizás junto a Portugal- en ser multado por no corregir su déficit.
Sin embargo, el ministro español de Economía en funciones, Luis De Guindos, se mostró hoy convencido de que España no será sancionada, ya que consideró que se reconocerá el esfuerzo hecho en los últimos años y se valorará el crecimiento del país, por encima de la media comunitaria.
Dombrovskis, por su parte, rechazó las "conspiraciones políticas más allá de las consideraciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento", y afirmó que cabe en el mandato de la Comisión tomar una decisión como la de posponer su veredicto.
En cuanto a las recomendaciones por país, la CE ha pedido a España que mejore la integración del mercado laboral al centrarse en el apoyo individualizado y reforzar la eficacia de las medidas de formación; haga frente a las disparidades en los esquemas de renta mínima y mejore los esquemas de apoyo a familias, y fomente la inversión en investigación e innovación.
