Argelia ha desautorizado a la Asociación Profesional de Bancos y Entidades Financieras (Abef) de Argelia, ente que había anunciado este jueves el desbloqueo de las operaciones bancarias con España, y ha negado que vaya a retomar dichas relaciones comerciales.
"Las decisiones económicas, en particular las relativas a las relaciones de socios comerciales, son prerrogativas exclusivas del Estado y no de organizaciones profesionales, como la Asociación de Bancos y Entidades Financieras (Abef)", reza un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal APS.
Argel ha matizado que la Abef es una asociación profesional que defiende los intereses de sus miembros y ha recordado que esta organización "no puede sustituir a las instituciones estatales encargadas de las finanzas, la economía y el comercio exterior".
"La comunicación sobre una supuesta retirada de Argelia en sus relaciones comerciales con España son erróneas, porque no se ha hecho pública información oficial al respecto por parte de las autoridades o instituciones competentes", han explicado las autoridades argelinas.
¿Qué dijo la Abef sobre las relaciones internacionales con España?
En una misiva enviada a los directores generales de los bancos e instituciones financieras argelinas, la Abef detalló que "las medidas cautelares mencionadas anteriormente ya no proceden", quedando de esta manera sin efecto las prohibición de las operaciones bancarias con España.
"Tengo el honor de informarles de que, tras la evaluación del sistema descrito en esta carta y en consulta con los agentes del comercio exterior afectados, las medidas de precaución (en relación a España) mencionadas ya no son necesarias", reza el comunicado de la patronal argelina.
Desde el 9 de junio están congeladas las domiciliaciones bancarias desde Argelia con el comercio exterior español, así como la suspensión del tratado de amistad entre ambos países, por el "injustificable" giro del Gobierno de España sobre el Sáhara Occidental.
Las autoridades argelinas recriminan a las españolas la campaña emprendida para tratar de argumentar un giro político que, según han esgrimido, suponen una "violación de las obligaciones jurídica, moral y política" de la que sigue siendo "potencia administradora" del Sáhara Occidental.
