Día clave para el futuro de la Seguridad Social en España con una negociación que puede traer impacto en el gasto total. Más de dos millones de funcionarios y familiares dependen de los servicios médicos gestionados por Muface, que negocia cada dos años con aseguradoras para ofrecer a sus asegurados atención sanitaria pública o privada. El 80% elige la privada.
La crisis afecta a 1,49 millones de empleados públicos, incluyendo funcionarios de ministerios, cuerpos específicos como diplomáticos e inspectores, y algunos docentes de comunidades autónomas.
Reunión con el Gobierno
Las tres aseguradoras que colaboran con Muface para prestar asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios y sus familiares -DKV, Asisa y SegurCaixa Adeslas- se reúnen hoy con los representantes del Gobierno para intentar desbloquear la negociación del convenio para 2025 y 2026.
En el tira y afloja de la negociación, el Gobierno propone elevar un 14,5 % en los dos ejercicios el presupuesto de Muface -la mutua de funcionarios civiles- y un 11 % el de ISFAS -funcionarios militares-, en la que no está DKV, lo que equivaldría en total a unos 466 millones de euros más.
Sin embargo, esto podría no ser suficiente para las citadas aseguradoras, que han llegado a pedir incrementos del 40 % y que llevan meses quejándose de las "ruinosas" condiciones del anterior concierto, un contrato que les ha hecho perder unos 200 millones de euros anuales entre las tres.
Según la patronal de la sanidad privada, ASPE, el concierto de Muface ahorra al Estado más de 890 millones de euros al año, mientras que su desaparición supondría en la sanidad pública un impacto económico de más de 1.000 millones por el hecho de tener que absorber a los mutualistas.
Actualmente, la prima media de Muface es de 984 euros, según detallaba hace dos semanas la Fundación IDIS, frente a los 1.608 euros por ciudadano en el sistema público.
Ambas partes concluyeron sin acuerdo la última reunión mantenida sobre este asunto la semana pasada y las aseguradoras incluso amenazaron con abandonar el acuerdo, lo que dejaría sin servicio a 1,5 millones de asegurados y tensionaría aún más la Seguridad Social.
El concierto se renueva cada dos años y en principio debería ser aprobado por el Consejo de Ministros en fechas próximas. Los sindicatos sitúan esa fecha no más allá de finales de octubre, para que haya tiempo suficiente para prepararlo antes de que caduque el actual, el 31 de diciembre.
Un colectivo envejecido
La actual dotación económica del concierto 2022-2024 complica, además, la atención a un segmento de la población cada vez más envejecida, ya que desde 2011 la edad media de estos mutualistas ha aumentado en siete años, hasta situarse por encima de los 46 años.
De hecho, el 40 % del colectivo cubierto por SegurCaixa Adeslas tiene más de 55 años. Esta tendencia influye en una mayor frecuencia del uso de los servicios asistenciales y una siniestralidad que se sitúa por encima del 100 %, explica la compañía.
El aumento de los costes sanitarios también se ha visto impulsado por el crecimiento del IPC y por la inclusión en los últimos conciertos de coberturas más amplias y tratamientos de última generación y precio elevado.
Desde los sindicatos ya han trasladado al Gobierno su preocupación y han amenazado con movilizaciones. En concreto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido "una financiación adecuada para el nuevo concierto que garantice la calidad sanitaria".
"Los funcionarios tienen derecho a recibir asistencia sanitaria pública a través de Muface, un modelo eficaz y rentable, como se ha comprobado durante años, y que no ha parado de sufrir recortes", ha lamentado el presidente de CSIF, Miguel Borra.
"No vamos a dejar que Muface muera por inanición", añade Borra que ha reclamado una reunión urgente al Gobierno.
