El Gobierno planea imponer el cobro por el uso de carreteras en España a partir de 2024, una decisión que no ha gustado en el sector de los transportes y ha causado polémica entre los usuarios de la red vial de nuestro país.
La medida afectará a los conductores, tanto particulares como profesionales, que verán cómo se encarece su trayecto al acudir a sus lugares de trabajo o de ocio.
Un mayor uso de carreteras secundarias
Es el argumento de RACE o FACUA, que denuncian que implantar el pago por uso en las carreteras puede suponer que muchos conductores opten por buscar vías alternativas gratuitas, como carreteras secundarias más peligrosas, lo que a su vez afectaría a los habitantes de municipios más pequeños que sí estén obligados a usar esas vías secundarias para acudir a hospitales, entre otros lugares.
También apuntan que la decisión afectará a usuarios con menos poder adquisitivo. "Será un perjuicio mayor para poder hacer uso de vías que son de titularidad pública", afirma FACUA.
Céntimos por kilómetro y coste de los viajes
La decisión del Ejecutivo también repercute de lleno en el bolsillo de los españoles: varias asociaciones, como ACEX, ya han propuesto el pago de un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media por kilómetro.
A falta de fijar una tarifa exacta, esto supondría poco más de 3 euros en un viaje de Madrid a Valencia, de más de 15 euros si se viaja desde la capital hasta Sevilla, unos 6 euros para ir hasta La Coruña o llegar a Cádiz, entre otros trayectos.
Indignación en el sector del transporte
Además de RACE o FACUA, la medida ha provocado el descontento de los transportistas, que consideran que el pago por el uso de carretera da "la puntilla" al sector. Óscar Baños, vicepresidente de la patronal de sectores en Castilla y León, lo ve como una "tomadura de pelo": "Nos vamos a comer ese coste nosotros y el sector está bastante mal como para asumir más".
En el caso de Galicia, Antonio Señaris, presidente de la asociación gallega Fetram, ha señalado que los usuarios ya pagan el mantenimiento de vehículos comerciales, por lo que se tratará de un gravamen que se cobra "por duplicado".
Pere Navarro, director de la DGT, ha sido de los pocos que se han posicionado a favor del peaje en todas las autovías a partir de 2024. "El que lo usa lo paga. Vamos a tener que poner el cascabel al gato", ha dicho Navarro, que ha justificado la decisión por la medida en el resto de países europeos y lo ha calificado como "un tema de Estado".
El Gobierno defiende que es un modelo "justo"
Por parte del Gobierno, Nadia Calviño ha defendido en el Congreso de los Diputados el plan: "Es el modelo europeo y el más justo desde el punto de vista de la distribución en el territorio".
"Parece razonable que paguen algo también los 100.000 vehículos que entran todos los días en el país, la mitad de ellos extranjeros", ha señalado la ministra de Economía, que espera encontrar un "sistema mucho más eficaz" para mantener las carreteras que sea "igual para el resto".
La oposición también ha criticado al Ejecutivo. El PP ha subrayado que el Gobierno debería pensar más en reducir los costes de asesores que en las carreteras españolas, mientras que Íñigo Errejón ha publicado un tuit al respecto: "Sobre los peajes. La transición ecológica será justa o no será. Las medidas para desincentivar el coche tienen que ir acompañadas de desarrollo del tren de media distancia y de medidas compensatorias para quienes más lo necesitan".
Así funcionará el sistema de pago
Desde Moncloa aclaran que el sistema podría ser "escalable y progresivo", es decir, que se cobre inicialmente solo en la red de alta capacidad (autovías) y que se extienda de forma progresiva a otras redes, abriendo la puerta así a que cualquier carretera pueda ser de peaje. Esta progresividad en la aplicación de la medida responde al esperado rechazo que causará en la población. Por ello, defiende que se determinarán tarifas "asumibles pero que garanticen la financiación".
¿Qué ocurre en otros países de Europa?
Tras la directrices apuntadas por Europa en el marco de la última gran crisis financiera, Portugal introdujo peajes en toda su red de alta capacidad, no solo para vehículos pesados, como requería Bruselas, sino en todos ellos, incluidos los ligeros, es decir, a todos los ciudadanos.
En España, lejos de introducir peajes, las políticas han ido en sentido contrario, en no renovar las concesiones que llegaban a su fin, lo que ha permitido liberar de peajes varias autopistas que ahora son gratuitas.
Además de en Portugal, en Francia e Italia prima el pago por uso, mientras que en Alemania todas las autopistas son gratuitas. La implantación de un peaje medio en España de 4 céntimos por kilómetro supondría un pago de 9 euros para ir desde Madrid a Burgos, de 12 euros para viajar entre la capital y Zaragoza, de unos 14 euros para ir hasta Valencia, 15 a Córdoba, 16 euros a Badajoz o 22 euros a La Coruña.
