Después de un año paralizada, el Gobierno ha alcanzado un acuerdo para sacar adelante la primera ley integral de vivienda de la democracia. Las negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos han fructificado y con el sí de ERC y Bildu han resuelto una de las leyes que ha provocado mayor desencuentro en el Gobierno de coalición.
Esta futura ley tiene como uno de los principales puntos el tope al alquiler. El tope al alquiler es el límite por encima del cual los caseros no pueden actualizar lo que pagan sus inquilinos, es decir, lo máximo que pueden subir la renta de los alquilados.
El tope del alquiler
Así con la ley de la vivienda estos topes han quedado fijados. Se establece en el 2% para este 2023, 3% y en 2025 se aplicaría un índice nuevo basado en el IPC. Otra de las novedades es que se consideran grandes tenedores los que tengan más de 5 viviendas de usos residencial destinados al alquiler, frente a los 10 del anteproyecto que salió del Consejo de Ministros hace 13 meses.
Los denominados como grandes tenedores, estarán obligados a bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia de las propiedades que se encuentren en zonas tensionadas. Zonas donde se cumpla una de las dos condiciones:
- Que los alquileres se encareciesen tres puntos por encima de la inflación en los últimos cinco años.
- Que supongan más del 30% de media de los ingresos de los inquilinos.
Otros aspectos para evitar subidas del alquiler
De acuerdo con la Ley, el propietario sólo podrá subir el precio del alquiler si lo que se gasta en la reforma supera el 10 % del valor de compraventa del inmueble; en cualquier caso, ese alza estará limitada a un máximo del 10 %.
Además, la ley contempla otras circunstancias para evitar el encarecimiento del alquiler. Los gastos inmobiliarios siempre correrán a cargo del propietario. Tampoco se puede hacer cargo al arrendatario de gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro no atribuible que no estuvieran acordadas previamente.
Estos acuerdos se plasmarán en enmiendas para incorporarlos al proyecto de ley que envió el Gobierno de coalición antes de su remisión al Senado, previsiblemente a fin de mes o ya en mayo.
