Junta ha conseguido introducir en el nuevo decreto 'ómnibus' pactado con el Gobierno, la creación de una nueva línea de avales estatales y garantías para propietarios e inquilinos en caso de impago en el alquiler.
En palabras de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, esta medida proporcionará "más seguridad jurídica" a los propietarios con la asunción por parte de la administración de los impagos al alquiler y de los destrozos a inmuebles.
Requisitos de los nuevos avales
Tal y como recoge el BOE de este miércoles, los avales estarán limitados a propietarios con vivienda cuyo precio no supere el índice estatal del alquiler, que establece un precio máximo de alquiler en zonas declaradas tensionadas.
Otro de los requisitos para la obtención del aval es que el inquilino deberá o ser menor de treinta y cinco años o tratarse de una persona vulnerables de acuerdo con los criterios establecidos reglamentariamente.
El inquilino deberá cumplir uno de estos dos requisitos tanto en el momento de suscripción del contrato de arrendamiento como del documento de compromiso del aval.
Asimismo, para poder recibir el aval estatal se tendrá que depositar la fianza legal obligatoria del contrato de alquiler y sus actualizaciones, así como suscribir por arrendador y arrendatario el compromiso relativo al aval al alquiler, según el modelo que la Administración ponga a disposición de la ciudadanía.
Esta línea de avales garantizará el pago de todas las rentas o mensualidades impagadas hasta que la propiedad recupere la posesión de la vivienda, así como todos los daños causados en la finca por culpa del arrendatario, el coste de los suministros debidos que hayan sido asumidos por la propiedad, y aquellos otros daños y costes que reglamentariamente se establezcan.
La solicitud para el cobro del crédito se podrá realizar en el plazo de 6 meses desde que la propiedad recupere la posesión de la vivienda, ya sea, mediante resolución judicial de lanzamiento, ya sea mediante acuerdo judicial o extrajudicial que acredite dicha recuperación de la posesión.
La línea de avales estará gestionada por las comunidades y ciudades autónomas con financiación finalista por parte del Estado.
