El Banco de España valora que se haya evitado la quiebra de muchas entidades
El Banco de España ha concluido su análisis de la crisis financiera y valora que se haya conseguido el objetivo principal, evitar la quiebra de un buen número de entidades, lo que habría tenido "efectos demoledores" sobre la estabilidad del sistema, la economía real y el empleo.
Para ello ha sido necesario conceder 59.959 millones de euros en ayudas, un 5,6 % del PIB, ya que aunque inicialmente se aportaron 64.098 millones, luego se han recuperado 4.139 millones. Si se tienen en cuenta además las distintas garantías concedidas durante la reestructuración del sector, la factura se eleva en 10.390 millones, aunque el Banco de España considera que el Estado puede obtener ingresos por su participación en distintas entidades, por lo que cifra en unos 60.613 millones los fondos netos aportados.
El organismo que preside Luis María Linde ha analizado la crisis financiera y bancaria en España (2008-2015) en un documento que incluye estas cifras y considera que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el modelo económico de España hacía muy vulnerable a las entidades, principalmente a las cajas de ahorros.
Por eso repasa, sin hacer ninguna crítica explícita, las medidas llevadas a cabo para no tener que liquidar ninguna entidad, lo que, además de conllevar la pérdida de confianza sobre el resto del sector, habría supuesto grandes pérdidas para los ahorradores o los contribuyentes, puesto que los fondos de garantía de depósitos habrían necesitado ayudas públicas.
El Banco de España recuerda que el sector financiero español resistió "razonablemente bien" los primeros efectos de la crisis de las hipotecas subprime en 2007, pero la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers en septiembre de 2008 complicó la situación y ya en 2009 la crisis empezó a afectar a la solvencia de las entidades españolas.
Inicialmente se optó por la búsqueda de soluciones privadas entre las entidades, exigir mayores saneamientos y favorecer integraciones, con lo que surgieron las "fusiones frías" o los denominados SIP, un sistema institucional de protección. Como en algunos casos iba a ser necesaria la inyección de fondos públicos, se creó entonces el FROB, un fondo público que tuvo que ayudar a la creación de la mayoría de grupos de cajas, pues estas entidades tenían limitaciones legales para captar capital.
El número de cajas pasó de 45 en 2008 a 10 grupos, de los que 8 se han convertido en bancos; el número de oficinas se redujo un 32,3 %, hasta menos de 31.000 a cierre de 2015, y la cifra de empleados mermó un 27 %, hasta 197.825. En ese tiempo, el Banco de España destaca el esfuerzo para sanear los balances con dotaciones cercanas a 300.000 millones, el 28 % del PIB, y también la mejora de los niveles de solvencia.
La ayuda pública del FROB fue a parar exclusivamente a las cajas, inicialmente mediante la compra de participaciones preferentes en 2010, cuando el Gobierno socialista comenzó a hablar de "brotes verdes". "La extensión de la crisis de deuda soberana en la zona del euro" y la vuelta a la recesión de la economía española -algo no previsto por los organismos internacionales- exigió nuevos apoyos a la banca en 2011, rememora el informe.
En ese año, tras la salida a Bolsa de Bankia, el Banco de España recuerda que las tensiones en los mercados financieros se renovaron, se endurecieron las condiciones de financiación, el paro llegó al 23 %, se intensificó el ajuste el sector inmobiliario y siguió aumentando la morosidad.
Ante esta realidad, las ayudas a la banca acabaron siendo una vez más insuficientes para recuperar la estabilidad del sector, al tiempo que se endurecían los requisitos legales, por lo que España tuvo que pedir el rescate financiero a Europa, el FROB inyectó capital a nueve grupos bancarios y suscribió acciones de Sareb, el banco malo que España se vio obligada a crear.