En el caso de Bankia, las cláusulas suelo afectan a un porcentaje muy bajo de su clientela, sólo el 3% de los hipotecados, ya que las dos grandes entidades que dieron lugar al grupo, Caja Madrid y Bancaja, no comercializaron préstamos con cláusulas suelo.
Según ha explicado hoy el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, la puesta en marcha a partir del próximo 3 de febrero de un procedimiento exprés está pensada para que todos los clientes del grupo afectados, salvo contadas excepciones, puedan reclamar el dinero pagado de más con un simple formulario.
"No habrá filtro previo, pero algunos casos muy específicos, los trataremos de manera muy diferente", ha advertido el banquero, que a modo de ejemplo, ha añadido que una persona como el responsable de la asesoría jurídica de Bankia no podría pedir esta devolución.
Sin dar consejos al resto de entidades, Bankia defiende que la puesta en marcha de esta devolución exprés se hace porque el grupo tiene "gran experiencia" en la compensación de sus clientes, pues en un primer momento lo hizo con las participaciones preferentes y luego con la salida a Bolsa.
Y esa experiencia es la que explica que en menos de 15 días después de que el Gobierno aprobara un real decreto con un sistema extrajudicial para reclamar el dinero pagado de más con las cláusulas suelo, ha argumentado Goirigolzarri.
Por eso, a partir del próximo 3 de febrero las oficinas de Bankia tendrán "información exacta" sobre el impacto de las cláusulas suelo y los intereses a devolver a cada uno de los clientes.
En su opinión, se trata de una "solución excelente" para el cliente que consigue una compensación inmediata, pero también para los accionistas del propio banco porque en el 90 % de los casos los tribunales están dando la razón a los afectados de las cláusulas suelo y con esta fórmula se está minimizando los gastos judiciales.
Lo mismo sucedió con las reclamaciones por la salida a Bolsa de Bankia, ya que Goirigolzarri calcula que haber apostado por la devolución del dinero en las sucursales en lugar de pleitear en los tribunales permitió ahorrar 400 millones.