En los próximos días se hará efectiva la nueva subida de las bases máximas de cotización, según lo aprobado en marzo de este año y ya es pública la propuesta del gobierno para llevarla a la práctica. Tal y como figura en la orden ministerial correspondiente, el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones contempla una subida del 5% para los salarios más elevados en base a la regla IPC+1,2% (3,8%+1,2%) plasmada en la norma, mientras que las pensiones máximas subirán en función del IPC en 2024 y a partir de 2025 lo harán en función del IPC + 0,0015%.
Se rompe la proporción entre aportaciones y pensión
Eso significa que, a partir de este momento, los salarios más altos soportarán una brecha entre las aportaciones que hacen durante la vida laboral y la pensión que percibirán cuando se jubilen. Así lo decidió el gobierno cuando aprobó esta reforma que también recoge una subida de un 0,1% cada año en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) destinado a sufragar el sobrecoste que, de aquí a 2050, va a suponer la jubilación de la generación del Baby Boom. De esta forma, esta sobrecotización de carácter finalista se queda para 2024 en el 0,7% del que el 0,58% irá con cargo a la empresa y el 0,12% a cargo del trabajador.
Suben los ingresos un 7,8%
Si se confirman estos números y otros incrementos contemplados en la norma de cotizaciones, el Estado ingresará 166.777 millones de euros por este concepto, un 7,8 % más que en 2023. Este conjunto de medidas está encaminado a mejorar los ingresos del sistema para hacer frente, por un lado al cada vez mayor volumen de pensionistas y por otro, a la revalorización de las pensiones ya existentes.
Recordamos que las pensiones contributivas crecerán un 3,8% el próximo 1 de enero. La última nómina conocida hoy mismo, sitúa el gasto total en esta partida en los 12.120,8 millones de euros en el mes de diciembre. Un volumen de gasto equivalente al 11,5% del PIB que se elevará, según estimaciones del propio gobierno, en 3 puntos más de aquí a 2050.
Hace apenas unas semanas la OCDE puso en cuestión los números del gobierno, asegurando que los ingresos previstos hasta 2050 apenas cubren la mitad del gasto estimado sobre todo por la revalorización de las pensiones.
