La Comisión Europea (CE) ha dado el visto bueno para que España reciba un nuevo desembolso de 12.000 millones de euros del fondo de recuperación pospandemia tras constatar que ha cumplido con los objetivos pactados para este tramo, entre ellos la reforma laboral y parte de la de pensiones.
Sin embargo, Bruselas advierte en su evaluación de que la reforma completa de las pensiones tal como está prevista podría generar un "importante aumento del gasto público" y pide a España atajar el "riesgo de un significativo agujero fiscal" a la hora de legislar las medidas que faltan para completarla con el fin de garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
"Creemos que España ha hecho progresos suficientes en la implementación de su plan de recuperación nacional para recibir un segundo pago del Next Generation EU (...). España ha mostrado un continuado impulso reformista en áreas políticas clave, como el mercado laboral y la sostenibilidad de las finanzas públicas", dijo en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Este desembolso, que aún debe ser aprobado por los Estados miembros de la Unión Europa en un plazo de cuatro semanas para hacerse efectivo, es el más voluminoso de los previstos para toda la vida del plan de recuperación español y se sumaría al anticipo de 9.000 millones de euros y el primer pago ordinario de 10.000 millones que España recibió en 2021.
Con ello, el país habría obtenido ya 31.000 millones, casi la mitad del total de 69.500 millones de euros en transferencias que le corresponden del fondo Next Generation.
Para recibir el aprobado preliminar de Bruselas a este segundo desembolso, España ha tenido que probar que ha cumplido los 40 hitos y objetivos pactados para este tramo.
Algunos de esos hitos, incluían entre otras medidas, el impuesto a los plásticos de un solo uso, medidas para modernizar la Agencia Tributaria, la asignación de la banda del espectro de 700 Mhz, la Estrategia de Movilidad, Segura, Sostenible y Conectada o la firma de cuatro convenios del Ministerio de Ciencia con comunidades autónomas para la aplicación de planes en I+D.
Pero las reformas más importantes vinculadas a este pago eran la del mercado laboral, con la simplificación de los tipos de contratos, la creación del mecanismo RED o la modernización de la negociación colectiva, y la de las pensiones, dónde se ha aprobado la vinculación de las mismas al IPC para mantener su poder adquisitivo así como el acercamiento de la edad de jubilación efectiva a la legal.
Preocupación por las pensiones
Bruselas ha dado luz verde tanto a la reforma laboral como a estas dos medidas específicas del sistema de pensiones, pero su evaluación deja patente cierta preocupación por la evolución de su sostenibilidad a medio y largo plazo.
En concreto, las autoridades comunitarias comparten el cálculo que hacen las españolas con respecto al gasto adicional que supone la revalorización de las mismas al IPC (un 2,7 % del PIB más para 2050), pero ven optimistas las estimaciones sobre los ingresos derivados del alargamiento de la vida laboral (hasta un 1,6 %, según España).
"Los servicios de la Comisión consideran que la reforma (para alinear la edad efectiva de jubilación con la legal) generará ahorros fiscales, pero conseguir ahorros que lleguen al límite inferior y seguramente por encima está sujeto a una incertidumbre muy alta", advierte el documento publicado hoy.
En este escenario, el Ejecutivo comunitario subraya que España "debe atajar el riesgo de que surja un agujero fiscal significativo como consecuencia de las medidas adoptadas" para cumplir con el compromiso de garantizar la sostenibilidad de las pensiones a corto, medio y largo plazo.
De hecho, el plan de recuperación recoge este último compromiso como condición para recibir el tramo de 10.000 millones previsto para la primera mitad de 2023 (el cuarto pago), así como el resto de medidas que forman parte de la reforma del sistema de pensiones que deben ser adoptadas antes de que finalice este año.
Se trata, en concreto, del mecanismo de equidad intergeneracional - que sustituye al factor de sostenibilidad que adoptó el anterior gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy pero que no llegó a entrar en vigor -, la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones por jubilación y la adecuación de la base máxima de cotización.
