El Real Decreto-ley 7/2019 de 1 de marzo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler establece cambios que afectan a propietario e inquilino, especialmente en la prórroga obligatoria y la prórroga tácita de los contratos.
La normativa fija ahora en cinco años el periodo de prórroga obligatoria que los propietarios deben respetar, mientras que con la anterior normativa era de tres años. Si el arrendador es persona jurídica, el plazo obligatorio sube a los siete años.
Así, si el inquilino lleva menos de cinco o siete años de alquiler, el propietario no puede rescindir el contrato, sino que debe respetar el plazo de prórroga obligatoria fijado en la ley, salvo que necesite la vivienda para sí mismo o un familiar de primer grado de consanguinidad.
La prórroga tácita permite amplia el contrato durante tres años más
Una vez cumplido este plazo de cinco o siete años, la ley establece un periodo de prórroga tácita por el que, llegada la fecha de vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas, si no existe comunicación de alguna de las partes en la que se establezca la voluntad de no renovarlo realizada con cuatro meses de antelación a la finalización de los cinco o siete años en el caso del arrendador y con dos meses de antelación en el caso del inquilino, se prorrogará anualmente el contrato durante tres años más, y no de año en año, como ocurría anteriormente.
Este cambio busca dotar al inquilino de "mayor estabilidad", según recoge la ley, que también pretende que el arrendatario "deje de estar expuesto a la prórroga anual establecida en 2013".
El precio del alquiler subirá un 10%, según Fotocasa
El precio de la vivienda en venta cerrará el año con un incremento cercano al 9% y con un precio por metro cuadrado por encima de los 2.380 euros, mientras que el del alquiler se incrementará por encima del 10% anual, con aumentos por encima de los 13 euros el metro cuadrado, según el 'Balance Inmobiliario 2024 y Previsiones 2025' de Fotocasa.
De cara al próximo año, el portal inmobiliario espera que los precios tanto en el alquiler como en la compra suban en torno al 7% debido a un tensionamiento muy elevado, marcado por el incremento de la demanda y la escasez de oferta.
En el caso del alquiler, el 'stock' de vivienda disponible se encuentra bajo mínimos, lo que supone un gran obstáculo para casi el 60% de inquilinos, que representan el 80% de la participación en el mercado del alquiler, mientras los propietarios tan solo el 16%.
Esto está provocando que cada vez es más difícil acceder al mercado del alquiler, lo que ocasiona la expulsión del mercado de los inquilinos con rentas más bajas, que en muchos casos desechan la idea de emanciparse, así como un aumento de la demanda de habitaciones en viviendas compartidas como solución habitacional al no poder hacer frente al precio de una vivienda completa y rebajar así la tasa de esfuerzo salarial.
