La recomendación de una multa "cero" del Ejecutivo comunitario quedará adoptada por el Consejo salvo que éste decida, por mayoría cualificada en un plazo de 10 días, rechazarla. Los ministros también pueden enmendar la decisión.
La Comisión Europea tenía la obligación de recomendar a los socios de España una multa, que podía haber ascendido a un máximo del 0,2% del PIB, pero igualmente ser "cero", es decir, ser cancelada.
El ministro español de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, siempre ha defendido que el "sentido común" decía que no habría multa y que había recibido el apoyo de sus homólogos alemán francés e italiano para evitarla.
Tampoco el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, y el vicepresidente para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, han abogado por la cancelación o por una multa "simbólica".
El déficit público de España alcanzó en 2014 el 5,9% del PIB y en 2015 el 5,1%, si se incluye en ambos casos la ayuda financiera a la banca, frente al 5,8% y del 4,2%, respectivamente exigido, y así se alejó definitivamente de poder bajarlo al 2,8% en 2016.
