La retirada de las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV del concierto de Muface ha encendido las alarmas entre los cuerpos de la Policía Nacional. La pérdida de estos proveedores de asistencia sanitaria afecta a miles de funcionarios, incluidos más de 70,000 agentes de la Policía Nacional que, sin una pronta solución, podrían quedarse sin acceso a la sanidad privada.
Jupol, sindicato policial mayoritario, ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que se exige una intervención urgente. En la misiva, se destaca la importancia del acceso sanitario para los agentes y sus familias, especialmente en el contexto actual en el que los policías están desempeñando un papel esencial, como ha quedado claro en su actuación durante la reciente catástrofe de la DANA.
La petición de Jupol
El secretario general de Jupol asegura en la carta expresa que "la seguridad y el bienestar de los agentes del Policía Nacional, así como de sus familias, dependen en gran medida de la protección sanitaria que se nos proporciona a través de Muface". A la vez, añade que en los últimos tiempos la calidad de los servicios sanitarios ha disminuido debido a restricciones presupuestarias, las cuales se están traduciendo en una "gran incertidumbre entre los policías nacionales".
El sindicato subraya que los policías nacionales no solo se enfrentan a situaciones de riesgo día a día, sino que además son cruciales para el orden público y la seguridad en momentos críticos. Por ejemplo, en el caso de la reciente catástrofe de la DANA, los agentes han estado en primera línea, protegiendo y auxiliando a la población. En este contexto, Jupol advierte que es esencial asegurar un acceso sanitario adecuado para los policías, ya que esto no solo respalda su labor profesional, sino que también les brinda la tranquilidad que necesitan para desempeñar sus funciones.
Una situación incierta para el sistema de salud
La preocupación por el futuro de Muface no solo afecta a los policías nacionales; el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha unido a la voz de alarma, advirtiendo que el abandono de las aseguradoras podría suponer un “descalabro” en el sistema de salud pública. El SUP anticipa que la situación generará “saturación y sobrecostes” en los hospitales y centros de salud, al no estar preparados para absorber a más de un millón y medio de funcionarios en caso de que finalice el concierto en 2025 sin reemplazos adecuados.
Las aseguradoras, por su parte, han expuesto los motivos de su salida, explicando que el acuerdo les resulta insostenible debido a las pérdidas financieras acumuladas. Según sus comunicados, el déficit es alarmante: DKV, por ejemplo, estima que en dos años alcanzaría pérdidas de 77 millones de euros, y consideran inviable continuar ofreciendo el servicio bajo las actuales condiciones financieras de Muface. Además, Adeslas ha dejado claro que su retirada de Muface no es total, ya que continuará su colaboración con las mutualidades de Justicia y el Ejército, pero precisa que estas ofrecen un modelo de mutualismo sostenible, permitiéndoles seguir apoyando a funcionarios y familiares sin comprometer su equilibrio financiero.
