El Ministerio de Hacienda ha comunicado a las comunidades autónomas que en 2024 recibirán 154.467 millones de euros del sistema de financiación autonómica, lo que supone un importe histórico que es un 14,9 % respecto al de 2023, según han informado fuentes del Ministerio de Hacienda.
La cifra incluye los 134.658 millones de euros de las entregas a cuenta, un 8,3 % más que en 2023, y la liquidación de 2022, que asciende a 20.746 millones, según se les ha trasladado a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes.
Hacienda destaca que serán casi 20.000 millones de euros más que el año pasado para fortalecer las políticas públicas de las autonomías.
Asimismo, señala que en los cinco años de gobierno de Pedro Sánchez las comunidades han recibido un 40 % más de recursos que en los cinco últimos años de gobierno de Mariano Rajoy, lo que supone casi 180.000 millones más.
Objetivo de déficit
La reunión de este lunes también ha servido para que Hacienda comunique formalmente a las autonomías que tendrán un objetivo de déficit del 0,1 % del PIB en 2024, lo que supone un margen fiscal de una décima que el Gobierno ya había incluido en el plan presupuestario que remitió a Bruselas en septiembre.
Previamente, en la actualización del programa de estabilidad de abril, el Gobierno les había fijado como meta la estabilidad presupuestaria (déficit cero).
Esa décima de mayor margen fiscal para las autonomías la asumirá la Administración Central, con un objetivo del 2,9 % del PIB, en tanto que los fondos de la Seguridad Social podrán incurrir en un déficit del 0,2 % del PIB.
De las corporaciones locales se espera un superávit del 0,2 % del PIB.
De esta forma, el objetivo conjunto de déficit público queda fijado en el 3 % del PIB para 2024, año en el que vuelven a aplicar las reglas fiscales después de que la Unión Europea (UE) las suspendiera en 2020 por la pandemia del coronavirus y posteriormente por el impacto de la guerra de Ucrania.
Esto implica la necesidad de aprobar unos objetivos de estabilidad a medio plazo, que tendrán que pasar el breve por el Consejo de Ministros, junto con el límite de gasto no financiero del Estado (techo de gasto) para los Presupuestos Generales del Estado de 2024.
