El pleno del Congreso ha aprobado el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda pactado por el Gobierno con ERC y EH Bildu, que limita los precios del alquiler en zonas tensionadas y que se ha convertido en uno de los ejes de precampaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.
El pleno lo ha avalado con 176 votos a favor, 167 en contra y 1 abstención. La ley cuenta con el aval del PSOE, UP, ERC, Bildu, Más País y Compromís y el voto en contra de PP, Vox, Cs, Junts, PDeCAT, Coalición Canaria y, finalmente, también el del PNV, socio habitual de investidura que se ha rebelado contra esta ley porque consideran que invade competencias exclusivas de las comunidades. El BNG se ha abstenido.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido al Hemiciclo a votar y, tras su aprobación, ha comparecido ante los medios para felicitarse por las bondades de la norma.
Una vez aprobada en el Congreso, la ley pasará entonces al Senado y volverá al Congreso para su aprobación definitiva el próximo mes de mayo.
La defensa de Raquel Sánchez y Ione Belarra
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido la norma y se ha mostrado confiada en que la aprobación de la Ley de Vivienda suponga "un punto de no retorno" y que los avances en los derechos de los ciudadanos a acceder a una vivienda sean ya "irreversibles".
La titular de Vivienda ha trasladado un mensaje de agradecimiento a todas las formaciones que van a hacer posible la primera Ley de Vivienda de la democracia y que ha extendido también a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de la que ha destacado su trabajo y compromiso, así como al personal del ministerio y al secretario de Estado, David Lucas.
Tras tres años de negociaciones, la ministra ha asegurado que esta ley es sólida jurídicamente y no va en contra de nadie, protege a arrendatarios y arrendadores, a compradores y vendedores, a los vulnerables y a los parques públicos de vivienda.
Por su parte, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha defendido que la ley supone un "avance social sin precedentes" y que con ella "pierde la banca y pierden los buitres" y "gana la gente que paga un alquiler o una hipoteca".
El PP, Cs y Vox consideran que la norma es parcialmente inconstitucional porque, a su juicio, vulnera el derecho a la propiedad privada y ampara la ocupación ilegal de pisos. También sostienen, al igual que la práctica totalidad del sector inmobiliario español, que limitar las rentas tendrá el efecto contrario al deseado porque detraerá la oferta.
Por su parte, los partidos independentistas y soberanistas que rechazan la norma creen que supone una invasión de las competencias de vivienda que tienen en exclusiva las comunidades autónomas.
Claves de la nueva ley de vivienda
Topes al alquiler
topes al alquiler. Quedaría en el 2% para este 2023, 3% y en 2025 se aplicaría un índice nuevo basado en el IPC. Otra de las novedades es que se consideran grandes tenedores los que tengan más de 5 viviendas de usos residencial destinados al alquiler, frente a los 10 del anteproyecto que salió del Consejo de Ministros hace 13 meses.
Los denominados como grandes tenedores, estarán obligados a bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia de las propiedades que se encuentren en zonas tensionadas. Zonas donde se cumpla una de las dos condiciones:
- Que los alquileres se encareciesen tres puntos por encima de la inflación en los últimos cinco años.
- Que supongan más del 30% de media de los ingresos de los inquilinos
Aquí, zonas que deben de definir Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que son los que tienen traspasadas las competencias de Vivienda, cuando se firme o se renueve un contrato para los pequeños propietarios, la nueva renta no podrá superar el límite máximo marcado por el anterior contrato. Inicialmente entraría en vigor 18 meses después de su aprobación definitiva, pero pasa a 6 meses para que la norma entre en vigor antes de las Elecciones Generales de final de año.
Esta ley faculta a las comunidades a declarar un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado, si el coste medio de la hipoteca o el alquiler más los gastos y suministros básicos supera el 30 % de la renta media de los hogares o el precio de compra o alquiler ha aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores.
En esas zonas tensionadas, las rentas se toparán dependiendo de la modalidad de contrato y propiedad, mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores. Las comunidades gobernadas por el PP, con Madrid a la cabeza, ya han asegurado que no van a hacer uso de esa facultad.
Bonificaciones para pequeños propietarios en zonas tensionadas
En principio, se mantiene que aquellos que tengan menos de 5 viviendas en alquiler en zonas tensionadas tendrán ayudas para que bajen los precios. Para ello se recoge un sistema de bonificación fiscal en el IRPF.
En el anteproyecto de ley se contempla un 90% si se rebaja la renta un 5% del total del anterior contrato, 70% si se alquila a jóvenes entre 18 y 35 años o se destina a alquiler social con un precio inferior y 60% de bonificación si la vivienda se ha rehabilitado en los dos años anteriores.
Sino se cumple ninguno de estos requisitos, la bonificación sería del 50%. Reducciones basados en los rendimientos netos positivos en "una autoliquidación presentada antes de que se haya iniciado un procedimiento de verificación de datos". En zonas no tensionadas se imponen los topes a todos los propietarios.
Castigos y recargos por viviendas vacías
Con la intención de sacar oferta al mercado, la nueva Ley contempla que los ayuntamientos puedan aplicar un recargo del IBI de hasta el 150%. Si la vivienda lleva más de dos años vacía el recargo seria del 50% y 100% si lleva más de tres años, con un recargo adicional de otro 50% si el propietario tiene dos o más viviendas en ese municipio.
Serán las Comunidades Autónomas las que deben de comunicar al Ministerio de Transportes cuentas viviendas vacías hay en su territorio. A su vez en la futura norma se fija que en las nuevas promociones se deberá destinar un 20% a vivienda social, ya sea en alquiler o venta, si la obra se realiza sorbe suelo urbano. Si se ha recalificado siendo antes rústico, el porcentaje sube al 40%.
Protección por desahucios
Los juzgados deberán solicitar a los servicios sociales un informe para acreditar si es una persona vulnerable. En caso afirmativo, se suspenderá el desahucio hasta que la Administración encuentre una alternativa habitacional en forma de vivienda, por un periodo de dos meses si el demandante es una persona física o de cuatro si es jurídica.
Límite a los alquileres temporales
También Más País, junto con Compromís y de forma negociada con el Sindicato de Inquilinos, mantendrá en la votación dos enmiendas dirigidas a limitar los alquileres temporales y a que estos sindicatos puedan presentarse en las negociaciones con los grandes propietarios.
Pagos y venta de vivienda pública
Asimismo, prohíbe el pago de las rentas en metálico y la venta de vivienda pública a fondos de inversión; fija que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato corran a cargo del arrendador y obliga a reservar un 40 % del suelo urbanizable y del 20 % del suelo urbano no consolidado para impulsar la vivienda protegida en alquiler a precio limitado.
