El adelanto electoral en Cataluña "altera el tablero político" fueron las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de conocer la decisión del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de convocar elecciones anticipadas en Cataluña el 12 de mayo por no haber conseguido aprobar los presupuestos.
"En el momento actual no puedo descartar ninguna cuestión puesto que insisto en que eso vuelve a mover el tablero político", dijo la vicepresidenta que a su vez aseguraba no haber recibido ningún tipo de información por parte de ERC y Junts sobre la negociación presupuestaria: "Si no pudiéramos presentarlos para el año 2024, que como saben hay un tiempo ya limitado porque el año va avanzando, hay un trabajo muy importante preparado para los próximos".
Novena prórroga presupuestaria de la democracia
La prórroga de los presupuestos de 2023, en vigor desde el 1 de enero, es la novena de la democracia, tras las de los años 1979, 1983, 1996, 2012, 2017, 2018, 2019 y 2020, y no es la primera vez que unas cuentas prorrogadas se mantienen durante todo el ejercicio.
Las cuentas de 2018, elaboradas por un Gobierno del PP y aprobadas ya con el PSOE en el poder tras la moción de censura, se prorrogaron dos años consecutivos, algo que no había ocurrido nunca hasta entonces, y estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020.
En dos ocasiones (1995 y 2019) la convocatoria de elecciones anticipadas fue consecuencia del rechazo por parte del Congreso de las cuentas del Estado, situación en la que se da por acabada la legislatura para el Gobierno de turno.
¿Qué queda pendiente de aprobar?
La renuncia a los Presupuestos de 2024 supone que Hacienda tendrá que aclarar cómo va a presupuestar los 9.905 millones de fondos europeos previstos para este año, según se había avanzado en la presentación del techo de gasto.
También está a la espera una eventual revalorización del indicador público de renta a efectos múltiples (Iprem), que sirve para calcular diferentes ayudas y prestaciones y que actualmente está en 600 euros, y el anunciado ajuste del IRPF para evitar que quienes cobren el salario mínimo o menos tengan que pagar el impuesto.
¿Y qué pasa con las pensiones?
Sin embargo, muchas otras materias que suelen figurar en los presupuestos ya están resueltas, como las pensiones o el sueldo de los empleados públicos.
En enero comenzó a aplicarse la subida del 3,8% de las pensiones, del 6,9% para las mínimas y no contributivas y del 14,1% las de viudedad con cargas familiares al equipararse a la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo.
También subió el ingreso mínimo vital (en un 6,9%, hasta los 604,38 euros mensuales) y la nueva base máxima de cotización (un 5%, hasta los 4.720,5 euros mensuales).
Esta misma semana, el Gobierno ha explicado que la subida salarial pactada con los empleados públicos para este año, del 2%, se aprobará como enmienda a la ley de medidas antiinflación, actualmente en tramitación en el Congreso.
