Mes y medio después de empezar formalmente la negociación del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, los socios de gobierno siguen con unas reuniones que buscan desbloquear las diferencias entre PSOE y Podemos, con un posible futuro encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el horizonte a raíz de esta nueva ley.
Los encuentros de la semana pasada entre el secretario general de Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, se saldaron sin avances, según aseguraron ambas partes, que ya han incumplido el plazo que se dieron en diciembre para llegar a un acuerdo.
Las propuestas de Podemos: precios máximos, desahucios...
De las cuatro exigencias planteadas por Ione Belarra, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no ha aceptado hasta el momento ninguna. Estas son las propuestas de la formación morada:
- Limitación de precios máximos de alquiler
- Prohibición de desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional
- Garantía de suministros básicos
- Sanciones a los grandes propietarios de viviendas vacías
Precisamente, el Gobierno ha incluido este martes en la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que depende de la Vicepresidencia de Pablo Iglesias, el compromiso del Ejecutivo de regular los precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda, un aspecto clave para Podemos que señala que se debe habilitar a las comunidades y ayuntamientos a declarar zonas de "mercado tensionado", donde se hayan producidos subidas "abusivas" y así "regular los precios del alquiler".
Este punto era una de las diferencias en el Gobierno de coalición, en el que el entorno de Podemos insiste en que es "mejor que no salga nada a que salga una ley que no sirve". Desde la formación morada también han asegurado que existe temor a que el PSOE "levante la mano para luego en el periodo de enmiendas conchabarse con el PP y Ciudadanos para suavizar el anteproyecto y hacer la ley que quieren hacer".
Las medidas que baraja el PSOE: incentivo fiscal o retirar desgravación del IRPF
Según aseguran fuentes cercanas a la negociación, los socialistas son partidarios de incentivar fiscalmente la salida al mercado del alquiler de viviendas vacías y la bajada de precios en las zonas tensionadas, así como de retirar la actual desgravación del 60% del IRPF a los propietarios que no se atengan a los índices de precios.
En Podemos recalcan que las medidas fiscales no son incompatibles con las sanciones que ellos propugnan y advierten de que "si se regula solo con fiscalidad generará mucho alquiler en negro".
Por otra parte, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que hace un año se mostraba dispuesto a facilitar una regulación que permitiera a comunidades autónomas y ayuntamientos "limitar de manera coyuntural y temporal los precios del alquiler en las zonas tensionadas", sostiene ahora que ese no es un buen instrumento, que es mejor promover que imponer y que la pandemia ha cambiado el escenario y ha dado paso a una autorregulación del mercado.
En este sentido se ha expresado también María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha asegurado que la regulación de precios de los alquileres en zonas tensionadas es lo que "intenta corregir la Ley de Vivienda", aunque siendo conscientes de que el escenario después de la pandemia es "radicalmente distinto".
La medida "pionera" de Baleares que va en línea con Podemos
El conseller de Movilidad y Vivienda de Baleares, Josep Marí, ha firmado la primera resolución por la que el Govern inicia la expropiación de 56 viviendas de grandes propietarios inscritas en el registro oficial, con un coste total de 1,8 millones de euros, por un plazo de siete años.
La acción, que se aproxima más a la idea de Podemos en las discrepancias existentes en el Gobierno de coalición, supone una rebaja del 40% en el precio respecto a los precios de mercado en Baleares, con una media de 391 euros mensuales por vivienda. Se trata de 27 viviendas en Mallorca, 23 en Menorca y seis en Ibiza, que, una vez se finalicen los trámites, se ofrecerán como alquiler social.
Josep Marí ha señalado que se trata de una medida "pionera" en España que permitirá ceder esas viviendas a "los que más lo necesitan".
