El debate sobre el decreto ley que aumenta los pagos fraccionados del impuesto de sociedades ha sido el día en que acaba el plazo para hacer el primer abono al que se aplica esta reforma, con el que se ingresarán 5.800 millones de más.
El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, ha asegurado que esta medida "no va a perturbar esencialmente el funcionamiento de las empresas" dado el contexto de abundante liquidez del sistema financiero.
Ha añadido que la medida "no altera el espíritu" de la reforma fiscal acometida por el Gobierno -que rebajó el IRPF y el impuesto de sociedades-, ya que no es una subida del gravamen, sino un adelanto a cuenta del ejercicio en curso.
Ha recordado que solo las 9.000 empresas que facturan más de 10 millones tendrán que afrontar los pagos fraccionados, lo que -a su juicio- "no es un número demasiado alto frente a 3 millones de autónomos y pymes que hay en España".
Estas empresas deben adelantar a cuenta del impuesto un pago mínimo del 23 % de su resultado contable en abril, octubre y diciembre, que es del 25 % para las entidades de crédito y las empresas petroleras.
"Lo hacemos convencidos de que no vamos a empeorar la fiscalidad de nadie", ha afirmado Montoro, que ha incidido en que el cambio en el impuesto de sociedades seguirá vigente hasta que el déficit baje del 3 % del PIB.
Durante el debate, el grupo socialista y el de Ciudadanos han dicho que votarían a favor de la norma como mal menor para que el incumplimiento de la meta de déficit no tenga consecuencias para España, aunque se han quejado de las irreales cuentas inicialmente presentadas por el Gobierno para 2016.
El diputado socialista Julián López Millán ha asegurado que sin las medidas que se han tomado para que el déficit público se reduzca al 4,6 % este año, el desequilibrio presupuestario "no hubiera bajado del 5,4 %", lo que demuestra que el déficit del 2,5 % calculado en los presupuestos generales de 2016 no se ajustaba a la realidad.
Asimismo, ha calificado de chapuza la norma, en la que no se han tenido en cuenta los regímenes especiales de Canarias, Ceuta y Melilla, lo que se ha tenido que solventar con una enmienda a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuyo trámite si admite cambios.
El portavoz parlamentario de fiscalidad de Ciudadanos, Francisco de la Torre, ha dicho que apoyan el decreto ley "porque no queda más remedio", pero ha lamentado las "irreales" estimaciones de ingresos que hizo Montoro.
En este sentido, ha afirmado que no se puede recaudar bajando impuestos "sin control y facilitando agujeros" a las grandes empresas, con deducciones adicionales.
El portavoz de Unidos Podemos, Alberto Montero, ha afeado a Montoro que en su día defendiera que quitar los pagos a cuenta del impuesto de sociedades no iba a repercutir sobre el déficit y que ahora sea la principal medida para poder cumplirlo este año.
"En alguno de los dos momentos usted nos estaba mintiendo", ha dicho Montero, quien, no obstante, ha asegurado que por responsabilidad con el país se abstendrían en la votación.
El portavoz parlamentario del PNV, Pedro Azpiazu, ha argumentado que apoya el real decreto para evitar una multa de Bruselas, pero ha criticado que se trata de una solución "improvisada" que no aborde el problema de fondo, con lo que "es pan para hoy y hambre para mañana".
El portavoz del Partido Democrático de Cataluña (PDC), Ferrán Bel, ha explicado que votarían en contra de la medida porque supondrá un problema en la tesorería de las empresas.
El PDC y ERC han pedido que el decreto se tramite como proyecto de ley para poder ser enmendado.
Foro Asturias también ha votado en contra porque considera que hay alternativas mejores para incrementar los ingresos.
