El Constitucional alemán cuestiona la legalidad de las compras de bonos del BCE, pero traslada el caso al Tribunal de la Unión Europea
El Tribunal Constitucional de Alemania ha señalado que existen "razones significativas" que indican que el plan de compra de activos públicos por parte del Banco Central Europeo (BCE) excede el mandato de la institución, aunque la Corte germana no se ha pronunciado al respecto y ha decidido trasladar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea al que solicita que se pronuncie con la mayor brevedad posible mediante un "procedimiento acelerado".
ondacero.es
Madrid |
Tribunal de Justicia Europeo | Agencia
"En opinión del Senado (del Tribunal Constitucional) razones significativas indican que las decisiones del BCE sobre el programa de compra de activos violan la prohibición de financiación monetaria y exceden el mandato de política monetaria del banco central, invadiendo así las competencias de los Estados", señala el Tribunal alemán.
La decisión del Constitucional germano de trasladar el caso al TJUE responde a las reclamaciones presentadas por ciudadanos alemanes, incluyendo políticos y académicos, contra el programa PSPP del BCE por el que el banco central compra bonos soberanos de los países de la zona euro, así como de empresas públicas, alegando que este plan viola el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que prohíbe la financiación monetaria.
Asimismo, los querellantes reclamaban que el Bundesbank, el banco central de Alemania, no tome parte en este programa de compras y que el Gobierno Federal adopte las medidas oportunas contra el programa.
El Tribunal recoge entre sus principales consideraciones sobre el caso que "es dudoso que el PSPP sea compatible con la prohibición de financiación monetaria" y añade que "parece que el PSPP podría no estar dentro del mandato del BCE".
La decisión del Constitucional alemán sigue así los pasos de la adoptada en 2014, cuando el Tribunal decidió someter al TJUE la decisión acerca de la legitimidad del programa OMT del BCE, por el que la entidad podía adquirir bonos soberanos de manera ilimitada a cambio de reformas, plan que nunca llegaría a aplicarse, aunque el TJUE opinó que el programa era compatible con el mandato del BCE.