El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy viene protagonizando en los últimos meses varias acciones con el fin de perseguir las posibles prácticas engañosas por parte de diversas grandes gestoras de alquileres de pisos turísticos. Ahora, Consumo abre nuevos expedientes sancionadores a estas empresas por estar incurriendo en dichas prácticas y en otras posibles infracciones que vulneran la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Estos expedientes son el resultado de una investigación que se inició el pasado mes de diciembre cuando el Ministerio de Consumo requirió información a estas empresas que gestionan centenares de pisos turísticos en régimen de alquiler. Los datos que se han podido recopilar hasta la fecha vendrían a constatar que dichas empresas estarían provocando “lesiones o riesgos para los intereses de los consumidores y usuarios de forma generalizada”.
Así, estos expedientes sancionadores se incoan tras comprobar que se estaría ofreciendo información falsa, o información que, aún siendo veraz, por su contenido o presentación pueda inducir a error en los destinatarios, como por ejemplo, indicar en el anuncio que quien gestiona un alojamiento turístico es una persona particular, o varias, cuando en realidad quien hay detrás de dicho anuncio es una empresa.
El Ministerio de Consumo considera por lo tanto este tipo de prácticas engañosas basándose en el Artículo 27 de la Ley de Competencia Desleal, en la que se detalla que “afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional”. En base a esta normativa, estas prácticas pueden llegar a calificarse como infracciones graves, que pueden ir acompañadas de multas de hasta 100.000 euros, una cantidad que puede ser muy superior hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito que haya obtenido cada empresa por haberlas llevado a cabo. La Dirección General de Consumo señala que la apertura de estos expedientes sancionadores no prejuzga el resultado final de los mismos. Ahora, se abre un plazo mínimo de nueve meses en los que Consumo deberá resolver estos expedientes sancionadores que se han abierto.
Radiografía del alquiler turístico en España
En España operan actualmente unas seis plataformas de alquiler turístico que gestionan miles de viviendas. Y es que en el último año se ha disparado el incremento de viviendas de uso turístico (VUT) rozando ya las 400.000 según los últimos datos publicados por el INE. Un número de pisos que representan el 1’33% del parque total de viviendas en el territorio español, una cifra que se ha incrementado respecto a años anteriores.
Andalucía es en estos momentos, por territorios, la región que lidera el número de apartamentos turísticos, seguida de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Sin embargo, es en Galicia donde se ha registrado un mayor crecimiento, un 21%, en el último año. Y es que algunas ciudades, como ya advirtió hace unos meses EXCELTUR (la Alianza por la Excelencia turística) las plazas en pisos turísticos ya superan a las de los hoteles, como es el caso de Málaga, Valencia y Sevilla.
La persecución de Consumo contra los pisos turísticos ilegales
Estos nuevos procedimientos que ha anunciado este jueves el Ministerio de Consumo se unen al expediente sancionador que también se abrió hace dos meses, también en referencia a las viviendas turística, a una gran plataforma dedicada al alquiler de este tipo de alojamientos. En este caso, el expediente se inició porque esta plataforma venía manteniendo anuncios de pisos turísticos que fueron catalogados como publicidad ilícita y por incurrir, por lo tanto, en una infracción de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. La Dirección General de Consumó solicitó en un primer momento a la plataforma que retirara con carácter inmediato estos anuncios, y tras recibir su negativa, se optó por incoar el expediente.
No es la única medida que el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha adoptado para tratar de atajar el problema de acceso a la vivienda. En octubre, la Dirección General de Consumo empezó a investigar a diversas agencias inmobiliarias que estarían llevando a cabo prácticas abusivas contra los inquilinos en la gestión del alquiler, como por ejemplo, obligarles a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento, firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad o aceptar cláusulas contrarias a la normativa.
Y es que la Nueva Ley de Vivienda aprobada en 2023 establece que los inquilinos ya no son los responsables de sufragar los honorarios que hasta la fecha cobraban la gran mayoría de agencias inmobiliarias, sino que deben ser los propietarios quienes deben asumir dicho gasto. Unas comisiones que habitualmente llegan a corresponder a una mensualidad completa del alquiler.
