La Dirección General de Consumo ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de pisos turísticos por no retirar anuncios de alojamientos que contenían publicidad ilícita, según ha informado este miércoles el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy.
Consumo envió el pasado mes de junio un requerimiento a esta plataforma instándola a retirar "de forma inminente" miles de anuncios de viviendas turísticas alojadas en su dominio y que no ofrecían su número de licencia. No obstante, tras comprobar que los anuncios no fueron retirados, Consumo ha decidido abrir un expediente sancionador a esta plataforma.
"Es la responsabilidad del Ministerio del Consumo, y así lo va a hacer, asegurar que ninguna empresa en este país esté por encima de la ley", ha aseverado el ministro en los pasillos del Congreso este miércoles, añadiendo que el sector de pisos turísticos opera "en muchas ocasiones en condiciones de ilegalidad, sin licencia".
Multas de hasta 100.000 euros
Meses después de la investigación, tras comprobar que los anuncios no han sido retirados, Consumo ha incoado expediente sancionador a esta plataforma por las prácticas cometidas, pudiendo llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros. Aun así, la Dirección General de Consumo recalca que la apertura de este expediente no prejuzga el resultado final del mismo.
Estos anuncios de pisos turísticos están siendo comercializados en diferentes comunidades autónomas, lo que podría generar "lesiones o riesgos para los intereses de los consumidores y usuarios de forma generalizada", según apuntan desde el Ministerio.
Asimismo, estarían incurriendo en prácticas comerciales desleales en base al Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, al suponer un incumplimiento de la normativa sectorial en relación con la publicidad ilícita, como en el caso de comercializar estas viviendas sin publicitar su número de licencia cuando esta sea obligatoria.
Otras irregularidades
Desde el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo se vuelve a poner el foco en posibles prácticas irregulares dentro del sector de la vivienda y, concretamente, en el de los alojamientos turísticos.
Por este motivo, cabe señalar que la cartera que dirige Bustinduy sigue teniendo abierta otra investigación; esta vez contra diferentes agencias inmobiliarias que habrían llevado a cabo prácticas abusivas contra inquilinos. Estas prácticas son tales como obligarles a pagar una comisión por la gestión del arrendamiento y firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad, entre otros.
En este contexto, Bustinduy ha señalado en un comunicado que las iniciativas actualmente activas pretenden contribuir a acabar con la crisis de la vivienda que atraviesa España. "Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares", ha llegado a señalar el ministro, al mismo tiempo que ha señalado que "ninguna empresa en España, por grande o pequeña que sea, puede estar por encima de la ley".
