El Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta este jueves una de las votaciones más importantes de su legislatura. La reforma fiscal que incluye, entre otros, el impuesto mínimo del 15% a las multinacionales, está en peligro. Las negociaciones entre los socios de investidura y el Ejecutivo han dejado al descubierto las contradicciones en las promesas hechas a diferentes grupos parlamentarios, poniendo en riesgo no solo la aprobación de esta normativa clave, sino también la estabilidad del Gobierno.
La cuadratura del círculo fiscal
En una reunión maratónica celebrada el martes, el Gobierno prometió mantener un equilibrio imposible entre las demandas de sus socios. Por un lado, Esquerra Republicana, Bildu y el BNG exigieron la prórroga del impuesto extraordinario a las energéticas por un año más, algo que consideran fundamental para avanzar en la justicia fiscal. Por otro lado, Junts recibió la promesa opuesta: eximir del tributo a las empresas que inviertan en descarbonización, lo que en la práctica beneficiaría a las grandes compañías del sector, que ya invirtieron más de 23.500 millones de euros en esta transición el año pasado.
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, defendió esta posición argumentando que "beneficia directamente el bolsillo de los catalanes" al evitar una subida en los precios de la luz, el gas y los combustibles. Sin embargo, desde Esquerra, Pilar Vallugera aseguró que ambas posturas no son incompatibles, aunque dejó entrever que alguien tendrá que ceder. El resultado: una negociación atascada y una reforma fiscal en el aire.
Para intentar salvar la votación, el Gobierno ha optado por separar el impuesto a las energéticas del resto de la reforma, prometiendo abordarlo en un decreto ley específico. Así buscan ganar tiempo y calmar a sus socios más críticos, pero no ha convencido a todos. Podemos, en particular, ha endurecido su posición y amenaza con tumbar todo el proyecto si no se garantiza un impuesto permanente a las grandes empresas del sector. La formación morada ve en este debate una oportunidad para demostrar su relevancia política tras quedar relegado por Sumar en el espacio progresista en los últimos comicios generales.
“No habrá reforma fiscal sin un impuesto permanente a las energéticas”, sentenciaron desde Podemos, lanzando un ultimátum al PSOE y subrayando su disposición a tensar las relaciones dentro del bloque gubernamental. La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que el Partido Socialista les ha reconocido que el acuerdo que han firmado con ERC, Bildu y BNG para mantener un impuesto a las energéticas "es mentira" y que "no se va a hacer porque Junts no lo va a votar". Así lo ha dijo Montero este miércoles en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena Ser
Medidas que se acordaron
Mientras tanto, otros aspectos de la reforma también generan debate. Medidas como la subida del IVA a los pisos turísticos, el aumento fiscal a las Socimis o la creación de un impuesto para bienes de lujo han quedado descartadas, lo que ha provocado críticas desde Sumar, cuya portavoz adjunta, Aina Vidal, calificó el acuerdo como "insuficiente".
Sin embargo, algunos puntos han conseguido avanzar, como el incremento del IRPF al ahorro de rentas superiores a 300.000 euros, que pasará del 28% al 30%, o nuevos impuestos sobre las labores del tabaco y cigarrillos electrónicos. A pesar de estos avances, la votación sigue siendo incierta, con varios detalles del articulado aun sin definir.
La exigencia de Europa
La Unión Europea exige la implementación del impuesto mínimo a las multinacionales antes del 1 de enero, bajo amenaza de sanciones. Este punto, que debería ser el menos controvertido, se ha visto empañado por las disputas internas y los añadidos nacionales al paquete fiscal. Desde la patronal, el presidente Antonio Garamendi ha criticado duramente al Gobierno, acusándolo de "aprovechar una norma europea para incluir un montón de medidas adicionales".
El Gobierno confía en su capacidad para alcanzar acuerdos, como señaló la ministra portavoz, Pilar Alegría: “No somos ingenuos. Negociar en cuestiones fiscales no es sencillo, pero hemos demostrado nuestra fortaleza para llegar a consensos”. Sin embargo, las contradicciones en las promesas a sus socios ponen a prueba esa capacidad.
