A raíz de la futura propuesta de la Comisión Europea, que pretende reformar el mercado eléctrico para buscar una mayor independencia en los precios y acotar las emisiones de CO2, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decretado una serie de medidas de ahorro energético. Conocido como "Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización", se aprobó el pasado lunes a través de un real decreto rey publicado en el Boletín Oficial del Estado.
En él, podemos encontrar todos los detalles relacionados con las decisiones tomadas para hacer frente a la crisis energética que está sufriendo el país. La baja inversión en la industria petrolera y del gas, junto con el repunte en la demanda de energía a nivel mundial y las bajas reservas de la materia prima, sitúan a toda Europa en una posición peliaguda. Por lo tanto, los gobernantes de cada país comienzan a intentar tomar medidas para paliar los posibles problemas que puedan crearse en los próximos meses. Por su parte, la Unión Europea ha instado a los países miembros a reducir en un 15% su consumo de gas, comenzando el 1 de agosto y finalizando el 31 de marzo de 2023.
¿Cuándo se pondrán en marcha estas medidas?
Tal y como muestra el artículo 29.1 del real decreto ley, la temperatura del aire acondicionado en verano no podrá ser menor a los 27 grados, mientras que en los mese más fríos la calefacción no podrá superar los 19 grados. Esta medida afectará a edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, cines, estaciones de autobús y tren y aeropuertos.
Esto entrará en vigor a las 00:00 horas del próximo miércoles día 10 de agosto. Según se puede encontrar en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las temperaturas estarán referidas al "mantenimiento de una humedad relativa comprendida entre el 30% y el 70%".
Aun así, es importante recordar la medida impuesta en el Real Decreto 486/1997 del 14 de abril, que exige unos umbrales mínimos de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Debido a ello, la naturaleza de algunos empleos no podrán ceñirse a las acordadas en el plan de choque, siempre y cuando lo puedan justificar a través de la necesidad de mantener unas condiciones ambientales especiales.
Respecto al cierre automático de las puertas de acceso a los comercios, estas serán obligatorias a partir del día 30 de septiembre. La razón es que al mantenerlas abiertas de manera constante, la energía se libera al exterior, creando importantes pérdidas energéticas. Los escaparates de las tiendas tampoco podrán mantener la luz encendida a partir de las 22:00 horas, empezando desde este miércoles, tal y como recoge el artículo 29.4 del real decreto ley. Esta última medida también afectará al alumbrado de los edificios públicos, que tendrán que apagar las luces siempre y cuando se encuentran desocupados.
¿Hasta que fecha estarán vigentes estas medidas?
El Gobierno también ha comunicado a través del real decreto ley la fecha en la que se acabará la validez de estas medidas. Será el 1 de noviembre de 2023, más de un año después de su implantación.
El ministerio de Transición Ecológica espera que las nuevas normas ayuden a dejara atrás la dependencia energética que mantiene el país, incrementando la eficiencia de distintos sectores ofreciendo 350 millones de euros en ayudas. Además, se animará a almacenar la energía en instalaciones renovables, realizando también una subasta con 3.300 MW para centrales eólicas y fotovoltaicas.
El Partido Popular exige retirar el plan energético
Varias comunidades autónomas presididas por el Partido Popular han pedido este lunes que se retire el real decreto ley que contempla el plan de ahorro energético. Los Gobiernos de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia han mantenido una reunión de casi tres horas junto con la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la que han exigido la negociación de una nueva medida.
Como respuesta la ministra ha asegurado que no tienen la "intención" de cumplir con esta retirada. Las reuniones han sido convocadas para "comunicar desde el primer minuto las medidas", y subraya que tratará de "responder con flexibilidad e incorporar el diálogo con los sectores más afectados".
