Esta situación, alerta el Defensor del Pueblo, "podría suscitar dudas" respecto a la previsión constitucional, recogida en el artículo 50 de la Carta Magna, que insta a los poderes públicos a garantizar mediante pensiones adecuadas "y periódicamente actualizadas", la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.
La nueva fórmula de revalorización de las pensiones, que liga su actualización a la evolución financiera de la Seguridad Social, volvió a a ser en 2017 motivo de "numerosas quejas" de ciudadanos y asociaciones al Defensor del Pueblo.
De hecho, la institución recibió el año pasado casi 45.200 firmas (de ellas 13.016 y 7.176 procedían de los defendores autonómicos de Galicia y Aragón) solicitando la convocatoria de un referéndum para una reforma constitucional que establezca el carácter público de las pensiones y su revalorización automática.
"Estas peticiones han sido constantes desde el año 2013 y en todas las ocasiones se ha dado traslado de su contenido a la presidencia del Congreso y del Senado. La intención principal de este colectivo es suscitar un debate sobre el modelo de pensiones y sus posibilidades de proyección futura, cuestión que deberá debatirse en el marco de la Comisión del Pacto de Toledo, con el mayor consenso posible", explica.
El Defensor del Pueblo rechazó en su día presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva fórmula de revalorización de las pensiones al entender que fue una opción del legislador, que debe quedarse en el debate político y social, y también porque ya fue recurrida por siete fuerzas políticas con representación en el Parlamento.
Ahora bien, ello no impide que el Defensor del Pueblo advierta de las consecuencias de mantener en el tiempo esta fórmula de revalorización, pues en los primeros años de su aplicación no afectó apenas al poder adquisitivo de los pensionistas, pero a partir de la recuperación de la inflación (en 2017 ya comenzó la tendencia), empobrecerá a los pensionistas. Y ahí, dice, es cuando esta situación podría chocar con el artículo 50 de la Constitución.
Ésta es una de las principales "vulnerabilidades" que aprecia el Defensor del Pueblo en lo tocante a la adecuación de las pensiones, junto a la "modesta" cuantía de las mismas y la existencia de una brecha de género tanto en el acceso a la pensión como con su importe.
Concretamente, el Defensor del Pueblo evidencia que el 60% de las pensiones no supera los 800 euros mensuales, con una cuantía media que ronda los 925 euros. "Tales cifras permiten alertar de que algunos indicadores comparados sobre la generosidad de nuestras pensiones ofrecen una fotografía del sistema español algo distorsionada, en buena medida como consecuencia de la fuerte devaluación salarial de los últimos años", agrega.
Asimismo, el Defensor del Pueblo llama la atención sobre el hecho de que el porcentaje de mujeres de entre 60 y 79 años con derecho a una pensión es un 13% inferior al de varones y considera incluso "más preocupante" que la proporción de mujeres que acceden a una pensión de jubilación es un 40% inferior. Asimismo, la brecha en la cuantía media de las pensiones (tanto de jubilación como del total) roza también el 40%.