El Ministerio de Trabajo y Economía Social comenzará este jueves la negociación de la reducción de la jornada laboral con los sindicatos y la patronal, una mesa de diálogo que dará comienzo en un clima de distanciamiento con críticas cruzadas en los últimos días entre la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la CEOE, incluido su presidente, Antonio Garamendi.
El acuerdo entre el PSOE y Sumar incluyó, a petición de esta segunda fuerza política, el compromiso de que se reduciría en 2024 la jornada laboral máxima de 40 a 38,5 horas a la semana, para pasar en 2025 a las 37,5.
Además, el Ministerio de Trabajo quiere tratar en esa mesa cuestiones relativas al refuerzo para el control del tiempo de trabajo en las empresas, según fuentes próximas a Yolanda Díaz.
España cuenta ya con una ley que obliga a las empresas a registrar el tiempo de trabajo de sus empleados para luchar contra las horas extra no pagadas o compensadas, pero para tratar de mejorar determinadas situaciones, fuentes de Trabajo consideran que se deben incorporar refuerzos en este sentido.
En cuanto a la negociación propiamente dicha sobre la reducción de la jornada laboral, desde Trabajo esperan que en la mesa se pueda alcanzar un consenso con los sindicatos y la patronal. A juicio de las fuentes consultadas en el Ministerio de Trabajo, no debería haber grandes dificultades, dado que los convenios colectivos ya están mayoritariamente por debajo de las 40 horas semanales. De hecho, argumentaron que la media es de 38,5 horas semanales, la cifra a la que Trabajo quiere que se reduzca la jornada este mismo año.
El anuncio de la primera reunión para este jueves lo realizó Díaz durante el acto de firma del acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 5%. Precisamente, el hecho de que esta medida se ponga en marcha inmediatamente después de culminar el diálogo de la revalorización del SMI fue juzgado por Antonio Garamendi como un "engaño" a las empresas, en tanto que reducir el tiempo de trabajo es otra forma de incrementar los costes laborales.
Distanciados
Así, Díaz y Garamendi, que en la anterior legislatura escenificaron más de 15 acuerdos en el seno del diálogo social junto a los sindicatos, han comenzado la nueva legislatura distanciados, partiendo de la subida del SMI, que crecerá este año un 5%, hasta los 1.134 euros por 14 pagas, tras un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos.
El pacto no contó con la adhesión de la CEOE, que se comprometió a apoyar una subida de entre el 3% y el 4% siempre que el Gobierno reformara la Ley de desindexación de la economía, a fin de que los contratos públicos con empresas afectadas por el SMI actualizaran su importe con las revalorizaciones de dicho indicador.
Yolanda Díaz apoyó en un primer momento la petición pero la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la rechazó, lo que alejó el acuerdo definitivamente e hizo que el Gobierno acordara finalmente con los sindicatos un alza del 5%, un punto más de la cifra que estuvo sobre la mesa si hubiera habido acuerdo tripartito.
La negativa de la CEOE hizo que Yolanda Díaz acusara a la patronal de no situarse "al lado de la gente de su país" y que le advirtiera de que tendría que "dar explicaciones" por su decisión. También dijo que Garamendi era "el único responsable" del modo en que ha concluido la negociación de revalorización del SMI.
Por otro lado, Díaz exhortó a abrir un debate sobre los salarios de los directivos de las grandes empresas, lo que también fue criticado por la patronal. "Estoy completamente segura de que si en el seno de los consejos de administración participaran los trabajadores, como dice nuestro texto constitucional, creo que estos salarios excesivos no se producirían", aseveró Díaz, quien incidió en que es "un debate democrático de primer rango".
