El Ingreso Mínimo Vital se implantó en junio de 2020 por el Gobierno como medida para atajar la pobreza extrema y la exclusión social. El presupuesto inicial para este año fue de 2.988 millones de euros pero hasta octubre solo se han gastado 1.564 millones, a una media de 161 millones por mes. Esa cifra proyecta que a final de año quedarán sin gastar cerca de 1000 millones de del presupuesto inicialmente designado.
Excesiva burocracia
El principal motivo de no gastar el presupuesto es la gran cantidad de rechazos a solicitudes de la prestación. De cada cuatro se rechazan tres de ellas por una excesiva burocracia que no hace más que complicar el proceso con complejos requisitos. Las ONG y fundaciones que ayudan a las familias más desfavorecidas reclaman dar la vuelta a la medida por la ineficacia de la medida actual.
El pasado mes de octubre Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, y José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, introdujeron unos cambios en la ley del IMV, que sin embargo, siguen siendo insuficientes en vista de los resultados a final de año.
Entre las novedades destaca el acceso automático para los trabajadores que agoten el subsidio por desempleo y no tengan otros ingresos, reducción de tiempo para acceder a los menores de 30 años. Pero los jóvenes emancipados entre 18 y 22 años siguen excluidos lo que supone que 350.000 personas siguen sin poder acceder a la ayuda.
Un 57 por ciento de hogares en riesgo de exclusión no ha recibido información
En un informe, Cáritas señala la falta de información como la principal barrera con la que se encuentran las familias. Este texto refleja que casi un 57 por ciento de población de hogares en riesgo de exclusión no ha recibido información sobre el Ingreso Mínimo Vital, un 10 por ciento sí ha recibido pero la considera insuficiente, mientras que un 24,6 por ciento la considera correcta. Cifra que coincide con el número de hogares que ha recibido la prestación, uno de cada cuatro.
Más preocupante es que pese a su situación de dificultad, un 68 por ciento de hogares en pobreza severa no ha solicitado la prestación. De los hogares en pobreza severa que la han solicitado, la mitad han recibido respuesta negativa. El informe indica que solo el 18 por ciento de hogares en situación de pobreza severa tiene admitida la prestación del ingreso mínimo vital.
Son los propios profesionales que gestionan el IMV los que denuncian las trabas que presenta el sistema de gestión de la prestación: el 90 % considera que otorga poca autonomía para realizar la solicitud a las personas sin hogar.
Dentro del 5 % de los encuestados a los cuales les fue denegada la prestación, al 17 % se les rechazó por temas relacionados con el empadronamiento, al 15 % por sus ingresos del año anterior y el 32 % lo desconoce o directamente no recibió respuesta alguna por parte de la administración.
Aumento de 2,5 millones de personas en riesgo de exclusión tras la pandemia
En 2021, hay en España 11 millones de personas en riesgo de exclusión, es decir, 2,5 millones más que hace tres años. La Fundación Madrina considera que la ley del ingreso mínimo vital ha sido un fracaso absoluto. Los datos reflejan que del presupuesto inicial mil millones van a quedar sin gastar por la dificultad y falta de información para acceder a la ayuda.
Referente a la cuantía recibida del IMV, de 371 euros de media, el 48 % de los encuestados considera que, aunque le da para sobrevivir, no les basta para sufragar gastos básicos. Para paliar estos problemas, Hogar Sí propone facilitar los trámites de aportación de documentación, la apertura de oficinas de atención exclusiva para asuntos del IMV para aquellos que no puedan solicitarlo a través de internet y la obligatoriedad de que la administración, en caso de denegación, presente un documento que lo justifique.
