La Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció ayer en el acto de su toma de posesión que, de forma inminente, llamará a los agentes sociales para discutir cuál será la próxima subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), situado en 2023 en los 1080 euros al mes por 14 pagas (15.120 euros al año).
Los empresarios toman la delantera y hacen su propuesta. Después de abordar esta cuestión en la Junta Directiva de CEOE, reunida esta mañana, la patronal apuesta por mantener una correlación entre la evolución del SMI y la del resto de salarios que se pactan en el marco de la negociación colectiva.
Así quedaría el salario mínimo
En este sentido, CEOE y CEPYME apuesta por situar el SMI para 2024 en 1.112,40 euros al mes por 14 pagas (15.573,6 euros al año) y para 2025, en 1.145,77 euros al mes por 14 pagas (16.040,78 euros). En ambos casos, sería aplicable la cláusula de garantía prevista para estos ejercicios en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Recuerdan los empresarios que esta propuesta se sitúa por encima del incremento salarial del 2% aplicado a los funcionarios para 2024.
Desde el Ministerio de Trabajo apuntan a que las decisiones se tomarán en torno a la mesa de diálogo social, aunque esperarán a la opinión de los expertos para tomar una decisión.
Indexar la subida a los contratos públicos
La propuesta de los empresarios "tiene como condición sine qua non" la modificación de la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación del sector públicos, para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución.
Esa es una vieja demanda de CEOE; actualizar los contratos públicos a las revalorizaciones del SMI para evitar pérdidas en las empresas que trabajan con la administración. Un ejemplo claro son las contratas de limpieza. Cada vez que sube el SMI, la empresa que presta el servicio debe aplicar ese incremento en la nómina de sus trabajadores, pero la cuantía del contrato no se actualiza y la contrata debe asumir el sobrecoste.
Los sindicatos defienden elevar el SMI por encima de los 1200 euros al mes y garantizar que, en todo caso, la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional se equipare al 60% del salario medio en España. Una referencia difícil de determinar por el retraso en la propia estadística oficial sobre rentas que arrastra un decalaje de varios años.