Entra en vigor el CETA, el acuerdo de libre comercio entre la UE y Cánada

La Unión Europea (UE) quiere afianzar el modelo creado con el acuerdo de libre comercio con Canadá (CETA), que entra en vigor este jueves de forma provisional, para que sirva de base para su futura política comercial, a pesar de que su legalidad aún está bajo lupa.

Tras siete años de negociaciones, el pasado 30 de octubre la UE y Canadá firmaron finalmente el acuerdo, considerado por ambas partes como el más ambicioso que hayan alcanzado nunca.

Desde este jueves, se eliminan los derechos aplicados al 98 % de los productos que la UE comercia con Canadá y da protección en su territorio a 143 indicaciones geográficas, alimentos y bebidas regionales europeos de alta calidad, como quesos o bebidas alcohólicas.

Según la Comisión Europea, las firmas europeas ahorrarán 590 millones de euros al año en aranceles y las pymes serán las principales beneficiadas. También apunta que ofrece a las empresas de la UE "el mejor acceso hasta ahora" a compañías de fuera de Canadá para licitar en las contrataciones públicas de ese país, no solo a nivel federal sino también a nivel provincial y municipal.

Para Bruselas, el CETA marca el camino para el futuro de su política comercial y su compromiso con el libre comercio. "Engloba lo que queremos que sea nuestra política comercial, un instrumento para el crecimiento pero también para proteger nuestros valores, controlar mejor la globalización y dar forma a las normas comerciales globales", dijo el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, de cara a la entrada en vigor del acuerdo.

Una de las principales novedades del tratado es la inclusión por primera vez de un proyecto de tribunal multilateral para solventar los conflictos Estado-inversor, pero no se aplicará hasta que el acuerdo entre plenamente en vigor, cuando los parlamentos nacionales y regionales competentes de los Estados miembros lo hayan aprobado. Para la CE este mecanismo garantiza la independencia de los jueces y la posibilidad de apelar, y en su opinión deja claro que los países podrán legislar de manera no discriminatoria para proteger a sus ciudadanos.

En cambio, la semana pasada la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, confirmó que la negociación de futuros acuerdos como los que se proyectan con Australia y Nueva Zelanda "por el momento no incluirá" el mecanismo de protección de inversiones, aunque podrá añadirse más adelante.

Y es que todavía suscita dudas entre sectores políticos y de la sociedad civil por la posibilidad de que coarte la potestad legisladora de los países si se produce un fallo a favor de las empresas. Bélgica ya ha anunciado que planteará cuatro cuestiones al Tribunal de Justicia de la UE principalmente sobre la competencia del mencionado sistema de tribunales al margen de las cortes públicas.

La región belga de Valonia, cuyo Parlamento es uno de los legislativos regionales de la UE con competencias en materia de comercio internacional, ya puso en jaque el acuerdo al negarse a su firma ante las dudas que le suscitaban elementos como estos tribunales de arbitraje. Finalmente dio su visto bueno tras arrancar de los Veintiocho un documento interpretativo con validez jurídica que no modificó el texto del tratado pero sirvió para aplacar sus inquietudes.

Otras críticas han llegado de organizaciones como Greenpeace, que lamenta que Canadá tenga estándares de seguridad y etiquetado de alimentos "más débil" que el de la UE, y que su agricultura "dependa más" de pesticidas y cultivos modificados genéticamente, a pesar de que las autoridades europeas han insistido en que las normativas comunitarias no se verán comprometidas por el acuerdo.

Para la Confederación Europea de Sindicatos, además, el CETA no cumple sus expectativas en cuanto a servicios públicos, protección de las inversiones y derechos laborales, por lo que ha solicitado activar la cláusula de revisión del capítulo sobre desarrollo sostenible del acuerdo.

No obstante, las patronales europea y canadiense aseguraron este jueves en un comunicado conjunto que éste es el acuerdo comercial "más progresista" jamás negociado por ambas partes, y que establece estándares para el comercio global que promueven la inversión pero también el desarrollo sostenible.