Este jueves en el Pleno del Congreso se lleva a cabo la votación de la reforma fiscal propuesta por el Gobierno en la que se incluye, entre otros, el impuesto mínimo del 15% a las multinacionales y grandes grupos multinacionales. Por el momento todo está en el aire debido a los desacuerdos entre los socios del Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente Podemos, que amenaza con tumbarla.
La madrugada del pasado martes se recordará, quizás, como una de las jornadas más largas en la historia del Congreso de los Diputados. En estas negociaciones tuvo lugar la Comisión de Hacienda, en la que el PSOE logró acuerdos 'in extremis' con sus socios de Gobierno, lo que provocó las protestas de la oposición.
Impuestos acordados por el Gobierno
Los impuestos que se aprobaron en la Comisión de Hacienda, que cuentan con la validación del PSOE y sus socios, son:
- Subida de dos puntos del IRPF para las rentas superiores a 300.000 euros. El tramo pasaría del 18% al 20%.
- Gravar los vapeadores y subir la fiscalidad del tabaco.
- Modificar el impuesto de sociedades para compensar la anulación del Constitucional a las reformas del PP. Esto supone limitar la compensación de bases imponibles y deducciones por doble imposición, revertir deterioros de valor y extender la limitación de la compensación de las pérdidas filiales.
- Cambios en la norma para combatir el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos.
- Bajar progresivamente el impuesto de sociedades para las empresas que facturan menos de un millón de euros y también para las cooperativas.
- Reducción fiscal para artistas.
Los desacuerdos que amenazan la reforma fiscal
Todas las medidas anteriormente detalladas fueron aprobadas por la Comisión de Hacienda y se votarán conjuntamente en un mismo paquete. En cambio, hay otro conjunto de enmiendas que llegan vivas al Pleno. Es decir, no contaron con los votos suficientes para ser aprobadas.
Una de las más polémicas es el impuesto a la banca, aunque también está el impuesto a las energéticas, la subida del IVA a los pisos turísticos o la equiparación de la fiscalidad de gasóleo y gasolina.
En resumidas cuentas, el Gobierno prometió establecer un acuerdo que parece imposible entre sus socios. Por un lado, ERC, Bildu y BNG han exigido prorrogar el impuesto extraordinario a las energéticas un año más. En cambio, Junts se posiciona en el lado opuesto: busca eximir del tributo a las empresas que inviertan en descarbonización, las cuales benefician a las grandes compañías del sector.
Sin embargo, es Podemos quien ha puesto contra las cuerdas a Pedro Sánchez y amenaza con tumbar la reforma fiscal al plantear un impuesto permanente a las grandes empresas.
