No cuestiona el marco legislativo español y se refiere a casos puntuales. Esta es la postura que ha adoptado el ministro de Función Pública sobre la sentencia del TJUE de la semana pasada, en la que expone que los interinos del sector público que encadenen varios contratos temporales durante años deben convertirse en indefinidos. Lo ha manifestado desde A Coruña, donde ha presentado la Agencia Española de Supervisión de la IA, que empezará a funcionar dentro de unas semanas.
José Luis Escrivá ha declarado que "las sentencias hacen referencias a casos anteriores, están judicializadas y son casos individuales. Y también es verdad que estamos a la espera de una resolución del tribunal europeo para que el Tribunal Supremo español dicte doctrina y para eso ha dado unos elementos de contextos que tiene que decidirse de nuevo en el Tribunal Europeo de Justicia".
Además, ha alegado que no cuestiona para nada el marco legislativo español: "Nosotros lo vemos con mucha normalidad. No cuestiona para nada el marco español, que contiene elementos muy importantes para asegurar marcos nacionales". Ha recordado que España ya cuenta con una legislación que aborda la lucha contra la temporalidad en el mercado de trabajo y ha añadido que hay tres cuestiones clave en el marco español: "se establece un límite máximo de tres años de temporalidad en el sector público, lo que evitaría casos como los de la sentencia; se objetivizan las causas para poder contratar personas de forma temporal en la administración pública y si se superan los tres años hay que compensar a los trabajadores y debería tener consecuencias disciplinarias".
Recordamos, la justicia europea ve en esta sentencia una forma de controlar los "abusos" en la temporalidad, ha reiterado en las últimas ocasiones que la legislación española no contempla sanciones en estos sentidos. Una justificación con las que Escrivá ya discrepó hace unos días cuando salió la sentencia. El ministro aseguraba que en España ya se ha alcanzado el 75% de las regularizaciones de trabajadores interinos de la administración pública española y que el gobierno ya tiene una ley con la que se anticiparon al problema de la temporalidad y esta ley está dando resultados extraordinarios. En este sentido, confía en convertir en fijos a 300.000 interinos del sector público este año.
