El Ejecutivo ha aprobado un mecanismo de control de pagos para Cataluña, de forma que el Estado sustituirá a la Generalitat en los pagos, para garantizar los servicios públicos y que no se destine "ni un euro" a financiar "una actividad ilegal" como el referéndum secesionista del 1 de octubre.
El Gobierno ha dado 48 horas de plazo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria sobre todo el presupuesto catalán, que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, como nóminas, sanidad, educación y servicios sociales.
Si en el plazo de 48 horas no adopta ese acuerdo de no disponibilidad, será el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien lo haga y el Estado asumirá el pago de las partidas que no estén vinculadas a esos servicios esenciales.
Montoro ha anunciado en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa que comparecerá la próxima semana en el Congreso para explicar esta medida.