La Asociación de Inspectores de Hacienda cree que la independencia fiscal de Cataluña fraccionará la agencia Estatal de Administración Tributaria, aumentará el fraude fiscal y deteriorará los servicios al ciudadano.
"La solución que piden ellos es una reforma LOFCA, el gobierno por lo que hemos visto hablar de un futuro consorcio...ni este modelo de independencia está previsto en el marco normativo actual ni para la gestión ni para la recaudación" ha expuesto José María Peláez, vocal y portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda.
Los inspectores coinciden en que la cesión del 100% de los tributos recaudados a Cataluña no tiene amparo en la Constitución, ni en la LOFCA ni en otras normas de desarrollo e incumpliría los principios constitucionales de igualdad, de prestación de servicios mínimos esenciales y de solidaridad.
Menos financiación para el resto
La primera de las consecuencias sería la desaparición de la Agencia Tributaria en Cataluña. "Tenemos un problema en el gasto pero para subsanar un fallo en el gasto no es necesario delegar las competencias de los ingresos. Si tenemos un problema en el gasto vamos a resolver el problema en el gasto" ha explicado Teresa Benito, vicepresidenta primera del IHE.
"Los tributos propios son 4.900 millones de euros, si añadimos lo que el estado transfiere, llegamos hasta los 25.600 millones de euros. Este es el dinero total que llega a Cataluña cada año. Y dicen que pasaríamos a 50.000 millones. Se estaría duplicando el modelo que llega a Cataluña" ha analizado Peláez. Pero con la independencia fiscal, Cataluña dejaría de dotar ingresos al Estado y "una situación de independencia fiscal de Cataluña llevaría a unos privilegios concretados en obtener mayor financiación y mayor posibilidad de prestar servicios a los catalanes que no tendrían otras comunidades autónomas en España" ha puntualizado.
Si Cataluña que representa el 20% el PIB si deja de dotar de esos fondos al estado por supuesto que el resto de CCAA van a recibir menos de esos fondos y la traslación es, según los inspectores, que los ciudadanos van a estar peor financiados y van a recibir menos servicios sociales y servicios públicos que les tiene que dar el Estado.
Más fraude fiscal
Dividir la agencia tributaria implicaría, anuncian, el fraccionamiento del sistema de información y bases de datos y "esta es la piedra angular sobre la que se gestiona el sistema fiscal". Las actuaciones de control se realizan en todo el territorio español o internacionalmente y que una comunidad se despliegue supondría perder el control de una parte.
"Ese fraccionamiento también de personal dificulta la lucha contra el fraude, la aplicación del sistema tributario no solo a nivel de actividad, sino también a procedimientos y el nivel de comunicación que actualmente existe. Se crearía un muro que está en contra de los últimos cambios que hemos ido viendo a nivel nacional y a nivel internacional" ha afirmado Ana de la Herrán ,presidenta de la IHE. El Estado perdería, estiman, unos 3.000 millones de la lucha contra el fraude.
