A las nueve de la mañana comienza en el Congreso un pleno en el que el gobierno podría ver, por primera vez, cómo una reforma planteada por el PSOE sale adelante no por los votos de sus socios parlamentarios, como Sumar, Junts o ERC, si no gracias a los votos del PP.
¿En qué consiste la reforma?
Desde hace mucho tiempo, se da la circunstancia de que muchos planes urbanísticos se paralizan durante años o, incluso, se anulan en su totalidad por cuestiones puntuales que afectan sólo a una parte del plan o que tan sólo se trata de un defecto de forma. Eso supone que todas las operaciones urbanísticas que se han llevado a cabo dentro de estos planes, mientras se resolvían los recursos que se hubieran presentado, se declaran ilegales. Esto está provocando una inseguridad jurídica que afecta a ayuntamientos, comunidades autónomas o constructores, entre muchos otros sectores.
Desde el Ministerio de Vivienda aseguran, además, que en estos momentos existe una serie de despachos de abogados especializados cuyo único objetivo es plantear recursos contra los planes urbanísticos que luego se retiran "a cambio de una cantidad de dinero", lo que viene siendo una extorsión.
Estos son los motivos que ha llevado al gobierno a plantear una reforma de la Ley de Suelo para evitar, sobre todo, que la anulación de una parte de un plan urbanístico suponga que decae todo el plan. Una reforma que diferencia entre que haya una "nulidad de pleno derecho por defectos sustanciales" en todo el plan o una "nulidad parcial que no afecta a cuestiones sustanciales, como nos defectos formales". En este último caso, se abre "un plazo de un año" para solucionar los problemas que se hayan planteado. Con esta nueva ley del suelo se conseguiría que el sistema sea más ágil y "más flexible".
No se ha tocado la denominada acción pública
Fuentes del Ministerio de Vivienda, aseguran que esta reforma no afecta a la "denominada acción pública" o, lo que es lo mismo, "no se ha tocado la acción popular en materia medioambiental", a pesar de lo que sostiene Sumar que, de boca de su portavoz en el Congreso Iñigo Errejón, aseguraba este martes que esta modificación "hace lo contrario de lo que se necesita, que los constructores se salten a la torera los controles y dificulta a los vecinos denunciar".
Sumar, Junts y ERC votarán en contra
Lo que se debate hoy en el Congreso son las enmiendas a la totalidad presentadas a la reforma. Tres son los grupos que han presentado una enmienda a la totalidad, curiosamente, tres socios de gobierno: Junts, ERC y Unidas Podemos. Ya se sabe que ellos votarán, por tanto, en contra de la reforma con sus 44 votos (que suman entre todos estos grupos). La gran duda del día está en si el PP va a votar a favor de la reforma o, al menos, si se va a abstener lo que permitiría -igualmente- que el texto siguiera adelante con su tramitación parlamentaria. El Ministerio de Vivienda recuerda que la reforma se ajusta a lo solicitado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a un "Manifiesto por la Seguridad Jurídica del Planteamiento Territorial y Urbanístico", acordado en 2022, y que cuenta con el apoyo de muchas comunidades gobernadas por el PP como Madrid, Galicia o Andalucía.
