Además del exvicepresidente del Gobierno han comparecido los ex directores generales de la caja Adolf Todó y José María Loza, que según han indicado fuentes jurídicas han apuntado al Banco de España, conocedor tanto de las operaciones inmobiliarias llevadas a cabo entre los años 2001 y 2007 como del cambio de modelo de negocio posterior a 2008.
Asimismo, han asegurado que el proceso para aprobar dichas operaciones cumplió en todo momento la normativa; prueba de ello, han añadido, es que se hicieron, con éxito, unas 600 o 700.
A su salida de la sede judicial, donde ha declarado durante una hora y diez minutos por el perjuicio causado a la entidad mediante operaciones inmobiliarias supuestamente irregulares entre 2000 y 2013, Serra se ha dirigido a los periodistas y ha asegurado que ha entrado "muy tranquilo" y que salía "aún más tranquilo", convencido de que "todo acabará bien".
Los tres investigados han relatado que nadie podía esperar el desplome de los mercados y han recordado que incluso en 2008 se hablaba de brotes verdes; en su opinión, el agujero patrimonial también obedece al poco valor por el que se vendieron a la Sareb los activos tóxicos de la entidad.
Los exdirectivos también han dicho, siempre según fuentes presentes en el interrogatorio, que el Banco de España y el FROB estaban también al corriente y aprobaron la sustitución de Loza por Todó, que se produjo en febrero de 2008.
Narcís Serra, que fue vicepresidente del Gobierno con Felipe González entre 1991 y 1995, llegó a la presidencia de Catalunya Caixa diez años después de dejar la política, tras unos años centrado en el sector privado, como consejero de las filiales de Telefónica en Brasil y Chile.
En 2005 se puso al frente de Catalunya Caixa, fruto de la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona, entidad que recibió un total de 13.221 millones de euros en ayudas públicas. La causa investiga una serie de operaciones inmobiliarias efectuadas entre los años 2000 y 2013, en las que la caja entró con una participación de aproximadamente el 50 % junto con otros socios, y que posteriormente instrumentalizó a través de su filial Promotora Catalunya Mediterránea (Procam).
La Fiscalía Anticorrupción considera que los órganos de gobierno de la entidad aprobaron intervenir en promociones inmobiliarias en España, Polonia y Portugal en las que se adquirían terrenos no urbanizables o incluso afectados por resoluciones legislativas que los calificaban de especial interés, lo que suponía "un riesgo en la inversión".
De este modo, la caja habría adquirido inmuebles y "compromisos económicos relevantes" y concedido créditos "desproporcionados". Mañana comparecerán el director general adjunto entre 1998 y 2005 Lluís Gasull, y los exdirectivos Eduardo Aznar, Joan Valls y Joan Güell.
En los próximos días lo harán los antiguos miembros de la comisión ejecutiva Joan Manuel Pla, Josep Alonso, Joan Echániz y Josep Molins, así como el exvicepresidente de Catalunya Caixa y presidente de Enagás, Antonio Llardén, y Montserrat Robuste, Francisco José Villegas y Josep María Alentorn.
