En un escueto informe de tres páginas, los expertos dejan constancia de diferencias y coincidencias sobre la situación laboral de los interinos. En lo que los seis miembros del comité están de acuerdo es en rechazar la figura del contrato único. Piden un uso limitado de la contratación temporal y sancionar su abuso. En el caso de los interinos piden más regulación y lucha contra el fraude en su aplicación. En concreto los expertos piden que se limite temporalmente su uso y que se elimine la supresión que permite que los interinos queden excluidos de las indemnizaciones por extinción de contrato. Proponen como solución establecer un máximo de contratos que se puedan encadenar.
[[DEST:"Razones de seguridad jurídica aconsejan aplazar la formulación de un informe definitivo]]
Tras las coincidencias, las ambigüedades. Las conclusiones reflejan interpretaciones bien distintas sobre la sentencia de la justicia europea. Sobre todo hay diferencias a la hora de analizar cómo aplicar a los interinos las indemnizaciones, si se deben de comparar a los indefinidos o a los temporales y cuál debe ser su cuantía, si 12 o 20 días o si debe haberla, porque algunos expertos consideran que la justicia de la UE no conoce nuestra legislación laboral, ya que un interino sí cobra indemnización en caso de despido objetivo o improcedente.
Ante este panorama y debido a que se ha pedido al tribunal europeo que aclare algunos aspectos de la sentencia que afectaba a una trabajadora del Ministerio de Defensa, el caso de Ana de Diego, los expertos concluyen que "razones de seguridad jurídica aconsejan aplazar la formulación de un informe definitivo hasta tanto no se cuente con esas imprescindibles resoluciones. Actuar de otro modo, anticipando una propuesta, incluso basada en el diálogo social, cuando la cuestión está aún sub judice, correría el riesgo de provocar decisiones normativas que más tarde podrían entrar en contradicción con lo decidido en las citadas instancias jurisdiccionales."