El Ministerio de Sanidad plantea incorporar de manera gradual a la sanidad pública al millón de funcionarios que, a 31 de octubre de 2024, reciben asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas por considerar que el "modelo Muface no es sostenible en la actualidad".
En el informe "MUFACE: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud" elaborado por Sanidad, el Ministerio informa de que la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado tiene en torno a 1,5 millones de mutualistas, de los cuáles 1.007.322 personas han escogido la sanidad de aseguradoras privadas (Asisa, Adeslas y DKV), lo que supone el 67,3 % de la población mutualista.
Argumenta Sanidad en el informe que "el modelo Muface no es sostenible porque ningún sistema funciona si no tiene un pool de riesgos que permita ejercer contrapesos entre quienes más demandan el servicio y quienes hacen un uso menos intenso". Por franjas de edad, el 42,4 % de los usuarios están entre los 35 y 64 años, mientras que el 32 % tiene más de 65.
El informe subraya "la negativa de las aseguradoras sanitarias privadas a concurrir al concierto planteado por el Gobierno" y recuerda que estas empresas demandan un incremento superior al 40 % respecto a las condiciones actuales de financiación".
Así es el plan de Sanidad para los funcionarios
Incorporación al sistema público en nueve meses
Sanidad plantea una prórroga de nueve meses del concierto actualmente en vigor, de acuerdo con la ley de Contratos del Sector Público. En ese periodo se haría un proceso de internalización de la provisión sanitaria de los mutualistas de Muface para que se hiciera cargo el Sistema Nacional de Salud.
Pacientes en terapia, los últimos en el traspaso
En esos nueve meses se podría plantear una incorporación paulatina teniendo en cuenta a pacientes inmersos en procesos terapéuticos que precisan continuidad y que deben ser los últimos traspasados al sistema sanitario público.
En este tipo de pacientes y en caso de existir alguna contraindicación a la transferencia sanitaria (situación de final de la vida o muy alta complejidad de procesos oncológicos) se podría valorar una vía excepcional de renegociación temporal de un aseguramiento extraordinario que permita la prórroga durante un año más allá de la extinción de la prórroga.
Pacientes crónicos
Además, el informe abre la posibilidad en estos nueve meses a un plan de transición para garantizar la atención de pacientes crónicos en sus centros hospitalarios de referencia sin necesidad de pasar por el cauce común de una primera consulta.
Evitar la duplicidad en pruebas
También contempla un plan de transferencia para la información clínica que evite la duplicidad en las pruebas diagnósticas y terapéuticas y otro de comunicación para resolver cualquier duda.
Transferencia de fondos a las comunidades
El informe también valora incrementar la financiación a las aseguradoras privadas, aunque se considera esta opción podría ser "insuficiente" ya que las aseguradoras demandan un incremento superior al 40% respecto a las condiciones actuales de financiación; "insostenible" porque no hace frente a la dinámica de largo recorrido de envejecimiento de la subpoblación de mutualistas de Muface; e "inequitativa" por suponer incrementos porcentuales que serían "impensables en el ámbito de la provisión pública directa".
Qué ha pasado con Muface hasta quedar 'desierto'
El pasado 8 de octubre el Consejo de Ministros autorizó a Muface a celebrar conciertos para el aseguramiento a la prestación de la asistencia sanitaria a los beneficiarios que opten a recibirla a través de entidades de seguro.
Para ello se realizó una oferta de 1.337 millones en 2025 y 1.344 millones en 2026, lo que supone un incremento del 16 % respecto al concierto anterior. Ninguna empresa decidió optar, quedando desierto.
En Muface, el 65 % de las personas mutualistas son docentes de educación primaria, secundaria y universitaria y un 17 % pertenece a los cuerpos de la Administración General del Estado (AGE). Eso hace que las comunidades con mayor presencia de mutualistas sean aquellas con un ratio mayor de docentes o presencia de funcionarios de la AGE.
