En un escrito dirigido al juez Ismael Moreno, el fiscal explica que el trucaje de los motores diésel pudo afectar al territorio de más de una audiencia, lo que justifica la competencia de la Audiencia Nacional, y que las emisiones lanzadas por los vehículostrucados pueden "haber causado daños sustanciales a la calidad del aire".
Teniendo en cuenta que el uso de motores sensibles con el mediambiente es objeto de subvención pública para su fomento, explica el Ministerio Público, "el engaño también podría haber supuesto el desembolso injustificado del erario público".
