Fomento emprende este miércoles el "rescate" de las autopistas quebradas y pasará a gestionar la R-4

El Departamento que dirige Íñigo de la Serna, a través de su sociedad Seittsa, asumirá desde hoy la vía y su plantilla de 90 trabajadores, y pasará a hacerse cargo de su explotación y mantenimiento, y del cobro del peaje a sus usuarios.

Fomento tomará el relevo de la actual concesionaria de la autopista, una sociedad participada por Ferrovial, Sacyr y Liberbank, que ha sido declarada en liquidación con una deuda de unos 530 millones de euros.

La radial R-4, inaugurada en febrero de 2004, es una autopista de 52,5 kilómetros de longitud que lleva asociada la explotación de 41,5 kilómetros de la carretera de circunvalación M-50 libre de peaje, el que discurre entre las carreteras A-2 y A-4.

Será la primera autopista que el Estado tenga bajo su gestión más de una década después de que en mayo de 2006 privatizara la entonces Empresa Nacional de Autopistas (ENA).

Asimismo, la Administración pasará a hacerse cargo de ésta y las otro ocho autopistas fallidas seis años después de que en 2012, en medio de la crisis, se declararan insolventes y en concurso de acreedores por el desplome del tráfico y los sobrecostes de las expropiaciones.

Tras un primer plan de rescate fallido en 2014, esta semana se pone en marcha el nuevo proyecto diseñado por Fomento para solventar la situación de estas infraestructuras que suponen una quinta parte (570 kilómetros) de la red de pago. Su construcción supuso una inversión de 7.000 millones y actualmente soportan una deuda de 3.200 millones.

El plan de De la Serna pasa por asumir las autopistas a medida que sus actuales cocesionarias vayan entrando en liquidación y explotarlas durante unos meses, para garantizar que siguen en servicio para los usuarios, hasta que en la segunda mitad del año lance el concurso público para volver a cederlas a empresas privadas.

Así, tras la R-4, Fomento asumirá en lo que queda de mes y en marzo el resto de las radiales (la R-2 Madrid-Guadalajara, la R-3 Madrid-Arganda y la R-5 Madrid-Navalcarnero), la M-12 que une Madrid con el Aeropuerto de Barajas y la AP-36 Ocaña-La Roda. Posteriormente, el 1 de abril el Ministerio se quedará con el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera y con la Circunvalación de Alicante.

La otra vía en quiebra, la AP-41 Madrid-Toledo, será la última en 'rescatarse', dado que su concurso de acreedores no ha llegado aún a la fase de liquidación.

En virtud del rescate, el Estado tendrá que pagar a las actuales concesionarias el importe que invirtieron en su construcción y que aún no habían recuperado con el cobro del peaje.

Se trata de una 'factura' que el Gobierno estima en unos 2.000 millones de euros, pero que los acreedores de las vías elevan hasta 4.500 millones. Fomento espera aminorar este monto con lo que saque de relicitar las vías, pero ya ha reconocido que no lo cubrirá en su totalidad y que la operación afectará en el déficit de este año.

El Ministerio aborda el rescate de las autopistas más 'jóvenes', las de más reciente construcción, mientras que las más 'veteranas' comienzan a terminar el plazo de concesión y empiezan a revertir al Estado y coincidiendo con el debate que el Gobierno pretende abrir con otros grupos para decidir el futuro de estas vías, esto es, si vuelven a cederse a empresas privadas o si pasan a la red de carreteras del Estado.