El Tribunal Constitucional ha admitido un recurso de amparo presentado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) contra la decisión de la mesa del Congreso de no tramitar una iniciativa legislativa popular (ILP) del sindicato para que los empleados públicos recuperen íntegras las pagas extra desde 2010.
Hasta 30.000 millones de euros
El Tribunal considera que en este caso concurre una "especial trascendencia constitucional" porque el asunto suscitado "pudiera tener unas consecuencias políticas generales" según ha podido saber EFE.
La mesa del Congreso de Diputados acordó en mayo de 2023 rechazar la tramitación de la iniciativa legislativa popular presentada por CSIF, por la que los empleados públicos recuperarían íntegras las pagas extra desde 2010, hasta 30000 millones de euros.
La mesa argumentó una posible afectación a materia presupuestaria, pero CSIF argumenta que "no viene configurada en ningún precepto de nuestro ordenamiento como causa que permita pronunciarse a la Mesa del Congreso de Diputados en el sentido de inadmitir la proposición". Además, el sindicato añade que la decisión no se ajusta así a las causas legales al efecto establecidas.
La iniciativa de CSIF busca derogar el artículo 1 en materia retributiva del Real Decreto-ley 8/2010 de 20 de mayo por el que se adoptan las medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y poder recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010.
Sigue vigente el recorte en la paga extra
El sindicato añade que todavía está vigente el recorte en la paga extra que desde ese momento se ha visto mermada en una media de 1600 euros mensuales en el grupo A1 (médicos, jueces), 1020 en el grupo A2 (enfermeros, maestros) y 500 euros en el grupo C1 (policías, administrativos).
Las cantidades totales ascienden a 30.000 millones de euros y afectan hasta a 2 millones de personas en todas las administraciones.
Para este lunes, CSIF ha convocado movilizaciones frente al Ministerio de Hacienda en Madrid y en las subdelegaciones de Gobierno de todas las provincias del país para reclamar que el Gobierno negocie la subida salarial y la oferta de empleo público, además de en defensa de la continuidad del concierto sanitario de Muface.
